Expositores debatieron en el Senado los proyectos oficialistas de reforma de la Ley de Sociedades y el super-RIGI

El Senado retomó este miércoles el tratamiento en comisión de dos proyectos impulsados por el oficialismo: la reforma a la Ley General de Sociedades , promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , y el llamado super-RIGI , un nuevo régimen de incentivos para inversiones de gran escala.

La Comisión de Legislación General, presidida por la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez , sesionó por la mañana con la participación de 14 expositores convocados para opinar sobre la reforma societaria.

Por la tarde, de a 18, un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General analizó el proyecto del Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Ley de Sociedades El proyecto de Sturzenegger busca reemplazar la Ley de Sociedades vigente desde 1972 por un nuevo marco con menos controles, nuevas formas societarias y mecanismos automatizados para la creación y organización de empresas , entre ellas las llamadas “sociedades autónomas operativas”.

El ministro citó como modelo a Irlanda y sostuvo que la reforma apunta a generar un entorno atractivo para la radicación de compañías internacionales.

Durante la audiencia de este miércoles hubo posiciones encontradas entre los especialistas convocados. (Foto: Prensa Senado) La oposición planteó tres objeciones centrales: la posible incompatibilidad de algunos artículos con la Constitución Nacional, el riesgo de avanzar sobre competencias que las provincias se reservan en materia de registro societario, y cuestionamientos vinculados a los estándares internacionales contra el lavado de activos del GAFI.

Durante la audiencia de este miércoles hubo posiciones encontradas entre los especialistas convocados.

El abogado Eduardo Favier Dubois, profesor titular de Derecho Comercial en la UBA, sostuvo que la iniciativa “desliza el modelo societario, corre sus límites, hasta un punto que perjudica a los acreedores” y consideró que “el proyecto también tiene capítulos excelentes, pero como reemplazo de ley no puede nunca ser adoptado”.

En la misma línea crítica, la doctora en Derecho Patricia Fernández Andreani, de la Universidad Nacional del Comahue, advirtió que el proyecto “privó” al debate de enfocar los compromisos que otros países ya exigen a las grandes empresas en materia de ESG, derechos humanos y equilibrio de género.

Otros expositores respaldaron la reforma.

El abogado Manuel Tanoira, socio fundador del estudio Tanoira Cassagne, destacó el artículo 2 del proyecto, que “prohíbe a un funcionario público arrogarse funciones judiciales”, algo que calificó como clave frente a los conflictos que atravesaron las Sociedades por Acciones Simplificadas.