Otra cautelar frena la nueva VTV: qué pasará con los cambios impulsados por el Gobierno

El pasado domingo se cumplió un mes desde que la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal diera curso a un nuevo recurso cautelar interpuesto ante la Justicia para frenar el proceso de desregulación de las Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO) , que el Gobierno intenta impulsar desde marzo de 2025.

La reforma es parte del paquete de medidas promovidas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger , y que se publicaron en el decreto 196/2025.

En el caso puntual de las revisiones técnicas , establece la ampliación del plazo para la primera verificación técnica a 5 años , la extensión a 2 años de las revisiones hasta cumplir los 10 años de la fecha de patentamiento de los vehículos, y la eliminación de la exclusividad de los talleres RTO tradicionales para las inspecciones, y la consiguiente apertura del registro de talleres particulares y concesionarias de automotores para realizar las famosas VTV.

De este modo, desde el jueves 16 de julio pasado, el Gobierno nacional se vio obligado a retrotraer el sistema de control vehicular al esquema anterior , lo que mantiene la exclusividad de los centros de revisión habilitados y los plazos de revisión previos a la reforma.

Esta medida no era válida en ninguna jurisdicción que no hubiera adherido al decreto presidencial, como por ejemplo ya lo había hecho público la provincia de Buenos Aires.

Actualmente, se encuentran suspendidos los efectos de los artículos 12 y 13 del Decreto 196/2025 y de la Disposición SSTAU 3/25 .

La única jurisdicción que avanzó en la misma dirección que propone la Ley nacional fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La nueva cautelar La nueva demanda es la segunda que frena la implementación de estas reformas, y fue realizada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (CATRAI) , argumentando que los cambios introducidos por el Gobierno nacional generan un grave conflicto de intereses al convertir los talleres en “juez y parte” , y que además ponen en serio riesgo la vida de las personas y el medio ambiente al flexibilizar los controles.

Entre los fundamentos del fallo, se destaca la falta de sustento técnico que avale científicamente que el espaciar las revisiones o eliminar la exclusividad de los talleres no se incrementarán los siniestros viales.

Además, el tribunal explicó que el argumento para desregular los centros de inspección basado en directivas europeas y normas ISO no es correcto, ya que la Directiva 2014/45/UE especifica que es necesario “un elevado nivel de imparcialidad y objetividad” , y prohíbe que coexistan intereses comerciales de reparación y control dentro de una misma firma.