Condenaron a un exsargento del Ejército por abusar de dos soldadas voluntarias: deberá indemnizarlas con $5 millones a cada una

Un exsargento primero del Ejército fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por abusar sexualmente de dos soldadas voluntarias a las que tenía bajo su mando.

Los hechos ocurrieron en 2022, cuando el acusado estaba a cargo del puesto de mantenimiento del cuartel del partido bonaerense de Azul.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini, también ordenó que el hombre pague cinco millones de pesos a cada una de las víctimas en concepto de reparación por el daño sufrido.

El condenado es Héctor Lorenzo Andersen, de 48 años , quien deberá cumplir además una serie de restricciones durante el tiempo de la pena: no podrá contactar a las dos mujeres por ningún medio ni acercarse a menos de 500 metros de ellas y sus familiares.

También deberá participar del programa “ Dispositivo Masculinidades ”, desarrollado en Azul.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que tuvo por probada el tribunal, la primera víctima entró al Ejército en agosto de 2022 y quedó bajo las órdenes de Andersen.

Durante los meses siguientes, el hombre la habría sometido a distintos episodios de hostigamiento y contacto físico no consentido, entre ellos masajes, abrazos y pedidos de besos .

También le hizo comentarios sexuales y, según la acusación, la amenazaba con darle la baja cuando ella rechazaba sus acercamientos.

El fiscal Carlos Fioritti durante el debate. (Foto: Fiscales.gob.ar).

La segunda soldada, que trabajaba en el mismo sector, denunció situaciones similares entre octubre y noviembre de ese año.

Contó que Andersen cerraba la puerta de la oficina, insistía con los abrazos y los besos y la tocaba sin consentimiento .

También declaró que, después de que se conociera la primera denuncia, el hombre la amenazó para que no lo “traicionara”.

Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado una pena de tres años y destacó la necesidad de analizar los testimonios desde una perspectiva de género.

El fiscal general subrogante Carlos Fioriti señaló que, en casos de violencia sexual, las víctimas pueden tener dificultades para describir con precisión lo ocurrido y remarcó que muchas veces estos hechos suceden sin testigos.