Gobierno ve imposible separar entre nacionalizados por 'ley de nietos' y otros motivos antes de elecciones

El Gobierno considera "materialmente imposible" que antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se pueda diferenciar entre los nacionalizados por la 'ley de nietos' y quienes lo fueron por otros motivos, después de que el Tribunal Supremo paralizara de forma cautelar el voto y las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) salvo exilio acreditado.

Así ha respondido el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, al plazo de alegaciones abierto por el alto tribunal después del adelanto electoral y antes de resolver sobre el fondo del asunto, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press y en el que insiste en reclamar al Supremo que revoque las medidas cautelares.

"O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA --pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna-- o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone", considera.

Y añade que "ya que no es posible discernir en el CERA" en los "breves plazos" que configura la ley electoral entre los inscritos que adquirieron la nacionalidad por la 'ley de nietos' y "aquellos que son españoles por otros motivos".

Los servicios jurídicos del Estado inciden en que, según la ley electoral, el censo correspondiente a este proceso es el cerrado a 1 de agosto de 2026 y explican que debe estar disponible el próximo 12 de octubre, siendo su publicación definitiva el 23 de octubre.

A ello agregan que "la necesaria observancia de las normas y trámites previstos en la ley para la celebración del proceso de elecciones generales que se ha convocado implican" que el "riesgo" de privación de un derecho fundamental como el voto "se convierta en sacrificio efectivo del derecho sufragio activo de las personas afectadas por las medidas cautelares adoptadas por el Supremo el pasado septiembre.

"Sacrificio que se confirma en la medida en que las normas legalmente previstas para la confección del censo electoral aplicable en este período electoral implican la formación de un censo anterior a la fecha de adopción de las medidas y, sobre todo, dejar sin efectividad alguna la medida de recuperación de los efectos electorales prevista en aquel auto ya que deviene de cumplimiento imposible", apostilla.

CONTRA VOX Además, los servicios jurídicos acusan a Vox --uno de los recurrentes junto a Iustitia Europa-- de que su "verdadero propósito" al pedir que la suspensión cautelar alcance a estas generales es que "se elimine el derecho de voto de los españoles que proceden del exilio exterior en contra de la constante voluntad del legislador desde 2007".