Chichimene pide diálogo con Ecopetrol tras fallo por protestas en estación petrolera

La comunidad de San Isidro de Chichimene , en zona rural de Acacías, Meta , pidió abrir una mesa de diálogo con Ecopetrol y el Gobierno Nacional antes de que avance el proceso para establecer una eventual indemnización por los daños ocasionados durante las protestas realizadas en 2017 en la zona.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio , la solicitud se conoce después de que el Consejo de Estado determinara que algunas acciones ocurridas durante esas manifestaciones superaron los límites constitucionales de la protesta pacífica.

El alto tribunal revisó los hechos registrados entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017 , cuando hubo bloqueos en la Estación Chichimene de Ecopetrol.

Según la decisión, las protestas restringieron el ingreso de trabajadores, equipos e insumos, lo que terminó afectando la operación petrolera.

Por esos hechos, el Consejo de Estado declaró responsables solidariamente a la Corporación Comunitaria de Juntas de Acción Comunal del Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene y a Sandra Patricia Ruiz Riaño por los perjuicios ocasionados a la empresa.

Fallo ordena calcular perjuicios Ecopetrol señaló que, durante los bloqueos, 20 pozos tuvieron producción diferida , es decir, dejaron temporalmente de producir con normalidad.

La compañía reportó cerca de 32.000 barriles afectados y pérdidas inicialmente estimadas en más de $4.056 millones .

El fallo estableció un plazo de 60 días para que Ecopetrol presente una prueba técnica que determine cuánto fueron realmente los perjuicios.

Ese cálculo deberá establecer qué producción se dejó de obtener y cuánto representaba económicamente para el año 2017.

La preocupación de la comunidad está en quién asumiría ese eventual pago.

El abogado Nelson Rodríguez , representante de la comunidad, explicó que se trata de 14 veredas y juntas de acción comunal que, según dijo, no cuentan con recursos económicos para responder por una indemnización de esa magnitud.

Para Rodríguez, la discusión no debería limitarse al daño económico alegado por Ecopetrol.

El abogado sostiene que también deben revisarse las condiciones sociales de las comunidades ubicadas en una zona con alta actividad petrolera y con necesidades históricas en servicios públicos e infraestructura.

Comunidad pide obras y atención social El representante de la comunidad afirmó que, durante años, los habitantes han reclamado mayor atención del Gobierno y de la empresa petrolera.