El Tribunal de Cundinamarca ordenó frenar las estafas virtuales del Soat: seis entidades deberán reforzar controles y canales seguros

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a seis entidades del Estado adoptar medidas coordinadas para prevenir las estafas relacionadas con la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) por medios virtuales.

La decisión, contenida en la Sentencia 181 del 21 de agosto de 2026, concluyó que las autoridades demandadas vulneraron los derechos colectivos de los consumidores y usuarios, así como la seguridad pública, al no demostrar una respuesta institucional integral y suficiente frente a esta problemática .

La providencia fue emitida por la Sección Primera, Subsección C, del tribunal, con ponencia de la magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, dentro de una acción popular presentada por Camilo Araque Blanco contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa —Policía Nacional— y la Superintendencia Financiera de Colombia.

El demandante solicitó la protección de los derechos colectivos ante la falta de acciones efectivas para identificar y eliminar páginas web, aplicaciones, líneas telefónicas, plataformas digitales y otros canales utilizados para suplantar a aseguradoras o intermediarios autorizados.

Según lo expuesto en la demanda, estos mecanismos se empleaban para ofrecer pólizas falsas o inexistentes y obtener dinero de los ciudadanos que buscaban cumplir con la obligación de adquirir el seguro .

La Superintendencia Financiera reportó 2.870 inconformidades por posibles fraudes o suplantaciones en la compra virtual del Soat entre 2022 y el primer semestre de 2025.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, los departamentos con mayor concentración de reportes fueron Cundinamarca, con 1.183 casos; Antioquia, con 535, y Valle del Cauca, con 340.

Falta de una estrategia estatal coordinada En el análisis del caso, el tribunal examinó las actuaciones reportadas por cada entidad y las competencias legales relacionadas con la supervisión de las aseguradoras, la seguridad digital, la investigación de delitos y la protección de los consumidores.

La Superintendencia Financiera informó que realizó actividades de supervisión, visitas de inspección, requerimientos a las compañías aseguradoras, órdenes administrativas y campañas de educación financiera.

También reportó procesos sancionatorios que culminaron en multas contra varias entidades vigiladas: $900 millones a Mundial de Seguros, $500 millones a Seguros del Estado, $500 millones a Suramericana y $700 millones a AXA Colpatria.

A La Previsora se le impuso un llamado de atención.

Según el informe incorporado al proceso, estas decisiones quedaron en firme.