Guatemala enfrenta un problema sin resolver: el reclutamiento de menores dentro de sus propios hogares de abrigo

Los hogares de abrigo y protección del Estado en Guatemala reúnen a adolescentes vinculados con pandillas y a niños separados de sus familias por conflictos de custodia, sin un mecanismo de clasificación que impida su contacto y reduzca el riesgo de reclutamiento criminal dentro de los propios centros.

La situación fue expuesta recientemente en el Congreso de la República por el diputado José Chic, de la bancada VOS, durante una comparecencia sobre seguridad.

El legislador alertó que los menores que ingresan a resguardo por causas ajenas a delitos pueden ser captados por integrantes de estructuras criminales mientras esperan una resolución sobre su futuro.

Los adolescentes detenidos cuando tienen 17 años y 11 meses pueden recibir una sanción de apenas seis meses en un centro de resguardo, incluso si fueron capturados por delitos violentos, según explicó el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo.

El funcionario cuestionó que los menores quedaran fuera del alcance de la ley antipandillas aprobada en el país.

Niños en disputas familiares junto a adolescentes de pandillas Los centros reciben a niños y adolescentes que llegan por caminos muy distintos.

Algunos fueron separados de sus padres mientras se resuelven disputas de custodia; otros están sujetos a procesos por su presunta participación en pandillas o por hechos delictivos.

Chic describió casos en los que los progenitores se enfrentan por la custodia y “nadie sabía ni con quién, quién se iba a quedar con los patajos”.

En esas circunstancias, los menores son trasladados a hogares de abrigo aunque no estén abandonados ni tengan antecedentes penales.

El problema, planteó el diputado, es que el sistema no identifica ni separa a quienes tienen vínculos con organizaciones criminales de quienes ingresaron por conflictos familiares.

“Fácilmente es reclutado ahí mismo, porque todavía no hay un tema de perfilación, no hay un tema de separación”, advirtió sobre la posibilidad de que un niño quede expuesto a pandilleros dentro del lugar destinado a protegerlo.

La demora judicial prolonga esa convivencia.

Los menores pueden permanecer varios días en los centros mientras esperan una audiencia que determine si regresarán con sus familias o quedarán bajo la custodia de la Procuraduría General de la Nación.

Durante ese lapso, los niños que no tienen relación con actividades criminales pueden compartir espacios con adolescentes que ya integran estructuras delictivas.