Extremadura planta cara al Gobierno de Sánchez y lleva al Constitucional y al Supremo el Plan Estatal de Vivienda
La Junta de Extremadura ha decidido llevar a los tribunales el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno.
El Ejecutivo de María Guardiola ha autorizado a la Abogacía General de la comunidad a presentar un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra varios preceptos del real decreto que regula el programa estatal.
La presidenta extremeña ha dado cuenta de ambas decisiones este martes durante la reunión del Consejo de Gobierno.
La Junta sostiene que determinadas disposiciones del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, exceden las competencias atribuidas al Estado y afectan a las facultades exclusivas de la comunidad autónoma en materias como vivienda, urbanismo y autonomía financiera.
La batalla judicial llega después de que el Gobierno central rechazara, según la versión de la Junta, el requerimiento de incompetencia que había planteado Extremadura.
El Ejecutivo autonómico considera que la respuesta del Estado no corrige las cuestiones que había señalado y que, por tanto, se ha visto obligado a acudir a los tribunales para defender su marco competencial.
La Junta sostiene que el Estado invade sus competencias El conflicto que llegará al Constitucional se dirige contra los preceptos del real decreto que, a juicio de la Administración extremeña, regulan materias que corresponden a la comunidad.
La Junta había aprobado el pasado 28 de julio los términos de la impugnación y ahora ha autorizado formalmente a su Abogacía General a iniciar el procedimiento.
El Gobierno de Guardiola argumenta que la norma estatal introduce regulaciones que “exceden las competencias estatales” y afectan directamente a las atribuciones autonómicas en vivienda, urbanismo y autonomía financiera .
La comunidad recuerda que antes de acudir a la vía constitucional ya había reclamado al Gobierno que corrigiera los aspectos que consideraba invasivos.
Según el Ejecutivo extremeño, ese requerimiento fue rechazado “íntegramente” , sin que se atendiera ninguna de las objeciones planteadas.
También recurrirá ante el Tribunal Supremo La ofensiva judicial tendrá una segunda vía.
La Junta ha autorizado a su Abogacía General a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra varios artículos del mismo real decreto.
En este caso, el Ejecutivo autonómico considera que esos preceptos vulneran el ordenamiento jurídico al haber sido aprobados, según su interpretación, sin respetar el reparto constitucional de competencias.
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