Graciela Chipana, diputada de Juntos por el Perú, afronta juicio por discriminación a un niño con autismo

La diputada Graciela Chipana, de Juntos por el Perú, afronta un juicio oral por presunta discriminación contra un niño con trastorno del espectro autista (TEA), al que supuestamente se negó a recibir en su aula cuando trabajaba como profesora de Educación Inicial en Moquegua.

El caso, difundido este domingo por el programa Cuarto Poder , podría derivar en una condena y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, solicitadas por la Fiscalía.

Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando Chipana estaba a cargo del aula de tres años del colegio público San Antonio de Padu a, en Moquegua.

Según la investigación fiscal, la docente cuestionó que el menor fuera asignado a su salón y sostuvo que necesitaba una “maestra sombra#, como se denomina al profesional que brinda apoyo individualizado a un estudiante con necesidades educativas especiales dentro de un aula regular.

En un audio incorporado a la carpeta fiscal, la entonces profesora plantea que el colegio debía proporcionar ese acompañamiento.

El padre del niño, quien trabaja como taxista, ha declarado que no tenía recursos para contratar a una persona de ese tipo y que nunca pidió un trato especial, sino que su hijo pudiera acceder a la educación pública.

“Cómo es posible que me envíen este tipo de niños a mi aula”, relató el padre que le dijo Chipana durante una conversación en el centro educativo.

Según su versión, la docente también amenazó con acudir a la directora para cuestionar la decisión de asignarle al pequeño.

La dirección del plantel había autorizado la matrícula del menor.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio paterno, durante el segundo día de clases la profesora abrió la puerta del aula, reconoció al niño y volvió a cerrarla, impidiéndole entrar.

El pequeño terminó en otra clase cuya puerta estaba abierta y, según el relato de su padre, quedó sin la atención correspondiente en el patio del colegio.

Una trabajadora de la institución también declaró ante el Ministerio Público que Chipana había manifestado que no podría atender al estudiante y que la familia debía conseguir una maestra sombra o llevarlo a otro jardín.

La Fiscalía considera que estos hechos podrían constituir una vulneración de los derechos a la igualdad y al trato digno del menor.

El padre ha insistido en que contratar a un acompañante particular estaba fuera de sus posibilidades económicas.