El caso de Facundo Moyano y la igualdad ante la ley

La vida privada de las personas merece respeto.

También la de quienes tienen actuación pública, pertenecen a familias conocidas o han ocupado cargos políticos.

Ni la curiosidad ni el escándalo justifican convertir un episodio íntimo en espectáculo.

Pero hay ocasiones en las que un hecho inicialmente privado deja de serlo.

Ocurre cuando intervienen la policía y la Justicia, cuando aparecen indicios que justifican una investigación penal y, sobre todo, cuando la actuación de las instituciones plantea una pregunta que excede a sus protagonistas: ¿somos realmente todos iguales ante la ley? El confuso episodio que tuvo como protagonistas al exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano y a la joven Candela Arizaga , de 23 años, que se encontraba con él en su departamento de Belgrano obliga a formular esa pregunta.

No sabemos qué ocurrió dentro de ese departamento.

La Justicia deberá establecerlo.

La joven negó posteriormente haber sido golpeada o privada de su libertad y atribuyó lo sucedido al consumo de drogas.

Moyano, por su parte, negó haberla agredido.

La presunción de inocencia no admite apellidos que la fortalezcan ni otros que la debiliten.

Pero existen hechos exteriores al departamento que no dependen de versiones contrapuestas.

En plena madrugada invernal, la joven salió del edificio con escasa ropa y recorrió algunas cuadras por la vía pública en un estado de evidente alteración.

El primer parte policial consignó que la joven manifestó haber sido agredida.

La policía interceptó a ambos y ella fue trasladada por el servicio público de ambulancias al Hospital Pirovano.