Diputada de oposición en Guatemala, Sonia Gutiérrez presenta una Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar en respuesta a la sequía

La diputada Sonia Gutiérrez , de la bancada Winaq en el Congreso de Guatemala, presentó la iniciativa denominada Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar, que propone entregar 500 quetzales mensuales durante tres meses a hogares en pobreza y pobreza extrema para amortiguar el encarecimiento de la canasta básica.

El beneficio alcanzaría a cerca de un millón de familias y tendría un costo estimado de 1.500 millones de quetzales durante todo el período.

La legisladora indicó que el desembolso mensual rondaría los 500 millones de quetzales.

La propuesta surge mientras el aumento de los precios de los combustibles eleva los costos del transporte, la producción y la distribución de alimentos y otros productos esenciales.

Gutiérrez sostuvo que las medidas aprobadas para contener los combustibles pueden mitigar parte de la presión, pero no revierten de inmediato el incremento que ya afrontan los hogares.

Un apoyo de 500 quetzales para hogares vulnerables La iniciativa plantea un aporte directo de 500 quetzales por familia cada mes, con una vigencia máxima de tres meses.

El objetivo es que los hogares con menores ingresos puedan cubrir necesidades básicas durante la emergencia económica.

“Esto obedece a que el incremento de los precios del combustible afecta directamente a la economía de las familias guatemaltecas”, afirmó la diputada.

Según explicó, el impacto se concentra en quienes viven en pobreza, pobreza extrema o enfrentan una mayor vulnerabilidad económica.

El mecanismo previsto quedaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que utilizaría los registros sociales de hogares y los sistemas de focalización ya existentes.

La iniciativa no contempla crear una estructura administrativa nueva, pues busca que el apoyo llegue de forma inmediata a las familias identificadas por las instituciones.

La legisladora señaló que el ministerio ya cuenta con información que puede ser contrastada con datos del Instituto Nacional de Estadística para determinar dónde se encuentran los hogares más pobres.

El beneficio no estaría distribuido por departamentos, sino de acuerdo con la situación socioeconómica de cada familia registrada.

El pago podría realizarse mediante transferencias o depósitos, con un mecanismo similar al aplicado durante la pandemia de COVID-19, cuando los beneficiarios retiraban el dinero en cajeros automáticos.