El régimen de Nicaragua bloquea toda colaboración y supervisión internacional, según experto

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto un cerco absoluto a la colaboración y supervisión internacional en Nicaragua.

Así lo sostiene Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , quien advierte que la falta de acceso al país constituye el principal obstáculo para el monitoreo independiente de la situación de derechos humanos.

Brody explica que el Grupo de Expertos no tiene la posibilidad de ingresar a Nicaragua para monitorear avances y apoyar la implementación de reformas, y señala que el régimen no ha respondido a ninguna carta ni permite la entrada de delegaciones internacionales.

Nicaragua se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de casi todos los órganos internacionales de supervisión, consolidando un aislamiento sin precedentes.

La negativa a permitir la supervisión internacional se suma a una serie de reformas institucionales que han debilitado la independencia judicial y restringido gravemente el acceso a la justicia.

Desde octubre de 2023, se ha registrado una purga en el sistema judicial, con la destitución de magistrados, el despido de más de mil trabajadores judiciales y la transformación del Poder Judicial en un órgano coordinado directamente por la Presidencia .

El resultado es un sistema incapaz de ofrecer garantías de independencia o de debido proceso, según Brody.

El experto destaca que no existe en Nicaragua ningún mecanismo interno de rendición de cuentas.

El anuncio de que no habrá más elecciones excluye a la oposición y deja sin perspectivas de cambio a las víctimas de represión, desapariciones forzadas y presos políticos.

Ante ello, los mecanismos internacionales de rendición de cuentas cobran una importancia fundamental.

La represión también afecta la vida cotidiana de la población.

El régimen ha negado pasaportes y restringido la movilidad de ciudadanos percibidos como opositores , ha impedido el acceso a servicios consulares y ha bloqueado el regreso de exiliados mediante notificaciones enviadas a aerolíneas.

Aunque la mayoría de la población conserva acceso a servicios básicos, el desplazamiento interno y externo está severamente limitado por el clima de vigilancia y represión.

Brody señala que la comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo.