Tres de cada cuatro procesos por lavado de activos en Ecuador no llegan a sentencia, revela un estudio

La respuesta de la justicia ecuatoriana frente al lavado de activos presenta importantes limitaciones para investigar y sancionar las operaciones financieras vinculadas con el crimen organizado.

Tres de cada cuatro procesos examinados no registran sentencia y una proporción considerable termina archivada o sobreseída, según una investigación del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), desarrollada en el marco del proyecto Crime-Lab II, implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

El estudio, correspondiente al período 2023-2025, analizó 48 procesos judiciales que involucraron a 249 personas naturales y jurídicas.

De ese universo, únicamente ocho procesos llegaron a sentencia.

Otros 16 permanecían sin resolución, 13 fueron archivados por falta de formulación de cargos y siete terminaron sobreseídos por ausencia de acusación fiscal.

Estas últimas tres categorías representan el 75% de los expedientes examinados.

Los resultados evidencian una brecha entre la capacidad del sistema penal para iniciar investigaciones y su posibilidad de concluirlas mediante decisiones judiciales.

Sin embargo, el informe distingue entre causas pendientes y procesos cerrados sin condena, situaciones que responden a circunstancias procesales diferentes y no constituyen, necesariamente, casos de impunidad.

La investigación también examinó las decisiones adoptadas respecto de las personas procesadas.

De las 249 identificadas, 125 recibieron llamamiento a juicio y sus causas continuaban en trámite, mientras que 42 llegaron a sentencia.

Otras 27 estuvieron vinculadas con archivos por falta de formulación de cargos y 25 fueron sobreseídas por ausencia de acusación fiscal.

En los ocho procesos que alcanzaron sentencia, 38 personas fueron condenadas y cuatro recibieron decisiones que ratificaron su inocencia.

Entre las 28 personas naturales condenadas, 20 recibieron penas de diez o trece años de prisión.

Además, las decisiones judiciales dispusieron el comiso de bienes por aproximadamente USD 40 millones, mientras las multas oscilaron entre USD 57.380 y USD 19,9 millones.