La polémica estudiante Gabriela Muñoz habría recibido esquema de seguridad de la UNP antes del escándalo por presunta influencia en la Aerocivil

Gabriela Muñoz habría recibido un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) el pasado 26 de junio, compuesto por dos escoltas, un vehículo convencional y un chaleco antibalas, pese a que para ese momento no ocupaba un cargo público de relevancia política.

La medida fue otorgada semanas antes de que se conocieran las denuncias sobre la presunta influencia que habría ejercido dentro de la Aeronáutica Civil y ahora será revisada por el nuevo Gobierno.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo , la UNP sustentó la asignación del dispositivo en el Decreto 1066 de 2015, que contempla medidas de protección para dirigentes o activistas de grupos políticos.

La protección continúa vigente y será el nuevo director de la entidad, Didier Fabián Blanco, quien deberá determinar si existen razones para mantenerla.

La decisión cobra relevancia en medio de los cuestionamientos que rodean a Muñoz, una joven de 20 años y estudiante de Derecho que fue vinculada a la Aerocivil y cuya actuación dentro de la entidad ha sido objeto de denuncias por un supuesto nivel de influencia que, según sus críticos, habría excedido las funciones correspondientes al cargo que ocupaba.

El esquema fue otorgado el 26 de junio de 2026, antes de que las denuncias sobre su presunto papel dentro de la Aerocivil se hicieran públicas.

Por ello, el nuevo Gobierno también deberá revisar las circunstancias que llevaron a la UNP a asignarle la protección y las condiciones que, según la entidad, justificaron la decisión.

Procuraduría indaga presuntas irregularidades en la Aerocivil Mientras se revisa la protección, el caso de Muñoz también está bajo la lupa de los organismos de control.

A finales de julio de 2026, la Procuraduría abrió una indagación previa contra la Aerocivil para establecer si se presentaron irregularidades en la vinculación de la joven, de varios de sus familiares y en diferentes decisiones contractuales.

La actuación fue ordenada por la procuradora delegada Sonia Patricia Téllez.

El Ministerio Público busca determinar si existieron irregularidades en la vinculación de Gabriela Muñoz, su hermano Santiago David Muñoz Olaya y sus primos Silvana Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Juan Manuel Galindo Muñoz.

El expediente también pretende establecer si Muñoz habría intervenido en decisiones que no correspondían a las funciones del cargo que ocupó y si pudo existir tráfico de influencias a su favor.

Uno de los negocios que será revisado pasó, según reveló Blu Radio , de $400 millones a $12.000 millones.

La Procuraduría también analiza una eventual omisión de la Aerocivil frente a un requerimiento de la exministra de Transporte, María Fernanda Rojas, relacionado con los procesos de contratación.