Los líderes demócratas demandan a la Administración Trump por "amenazas e intimidación" a funcionarios electorales

Los líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, han presentado junto a otros responsables y entidades demócratas una demanda contra la Administración de Donald Trump, denunciando "un flujo constante de amenazas e intimidación" por parte de las carteras de Justicia y Seguridad Nacional contra funcionarios electorales "en todo el país" de cara a las elecciones de medio mandato, las 'midterms'.

"Funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han intentado reforzar sus esfuerzos de injerencia mediante un flujo constante de amenazas e intimidación dirigidas a los funcionarios electorales estatales y locales en todo el país", reza la demanda, cotejada por Europa Press, que agrega que "el verano pasado, miembros destacados de la administración Trump mantuvieron una conducta persistente de amenazas contra los funcionarios electorales estatales".

Esto culminó, según los demandantes, "hace apenas unos días con una declaración del propio presidente, quien afirmó que, si los funcionarios estatales de California no se someten a su voluntad: 'todos irán a la cárcel por un largo periodo de tiempo'", citando así una publicación de Trump en redes sociales el pasado sábado.

El documento sostiene que "este patrón de intimidación no se basa en ninguna creencia legítima de que los funcionarios electorales estén incurriendo en irregularidades", sino que estaría radicado en el "objetivo" del Ejecutivo de "amedrentar" a los funcionarios electorales "para que cedan ante las exigencias de la Administración".

Éstas, subraya, "consisten en eliminar ilegalmente a votantes de los padrones, negar papeletas a votantes debidamente registrados y segregar los votos emitidos legalmente por ciudadanos registrados, basándose en alegaciones espurias y carentes de fundamento que cuestionan su ciudadanía".

"Nada de esto es legal", han incidido los responsables demócratas, que han alegado que "el Poder Ejecutivo no tiene autoridad para supervisar el mantenimiento de los padrones electorales estatales, para suplantar las decisiones de los estados sobre quién reúne los requisitos para votar, ni para determinar quién recibe una papeleta o qué votos deben ser segregados".