La insólita defensa del juez de San Isidro denunciado por acoso sexual: “Ella coqueteaba”

La defensa del camarista de San Isidro Ernesto García Maañón, acusado de acosar sexualmente a su secretaria letrada, sostuvo que las dos investigaciones penales abiertas continúan bajo la figura de “averiguación de ilícito” y reclamó una pericia integral de los teléfonos para analizar los intercambios entre el magistrado y la denunciante.

En una conversación con este medio, los abogados del juez, Tomás Briganti y Nicolás Grimaldi, cuestionaron el avance de las actuaciones por la denuncia de acoso sexual, amenazas con un arma y el presunto hurto de bienes del tribunal.

Afirmaron que García Maañón no fue citado a declaración indagatoria y que la fiscalía, a cargo de José Amallo, todavía no definió qué delito le atribuye en cada expediente.

El planteo de la defensa contrasta con la investigación que derivó en el apartamiento preventivo del ex presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro .

El 26 de agosto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires , que encabeza el presidente de la Suprema Corte provincial, Sergio Torres , resolvió separarlo de su cargo mientras avanza el proceso que podría derivar en un juicio político.

El viernes pasado, la víctima fue notificada que fue aceptada como acusadora en el jury.

La denunciante, funcionaria del tribunal, lo acusó de acoso laboral y sexual.

También relató un episodio en el que, según su presentación, el juez le habría acercado el caño de una pistola al rostro.

Los abogados negaron que el camarista hubiera usado un arma para intimidar a la empleada.

“No existe una causa de acoso ni de abuso todavía”, afirmó uno de los letrados durante la entrevista, al sostener que el expediente no fue caratulado así.

“Hace 14 meses que la causa está caratulada como ‘averiguación de ilícito’” , remarcaron.

Según la defensa, la fiscalía reunió testimonios sobre el trato laboral de García Maañón, su experiencia en el uso de armas y sus antecedentes como tirador, pero no incorporó elementos que acrediten un hecho puntual.

Los representantes del juez interpretan que esas declaraciones buscan construir un “perfil” del acusado para el proceso ante el jury.

También plantearon que la ausencia de una calificación concreta afecta el derecho de defensa.