Investigan una presunta trama de US$500 millones para vender dólar oficial al blue durante el gobierno de Alberto Fernández

CÓRDOBA.- En Córdoba se escribe un nuevo capítulo de la investigación judicial sobre el posible fraude millonario durante la gestión de Alberto Fernández con la compra de dólares oficiales que, después, se vendían al doble o más.

LA NACION reveló cómo operaba una “cueva” en el piso 20 de la Torre Prourban, el emblemático edificio cilíndrico conocido popularmente como “El Rulero”, en el barrio porteño de Retiro.

La pata cordobesa se vincula con la denuncia que hace un año hizo Guillermo Guiñazú en la Justicia Federal a parte de su familia por “presunta organización criminal dedicada, entre otras maniobras, al lavado de activos, el contrabando de divisas, la intermediación financiera no autorizada y el fraude informático”.

Los Guiñazú fueron los fundadores de la casa de cambio Maguitur, adquirida hace un tiempo por Megalatina Sociedad Anónima, vinculada con el Frente Renovador que conduce Sergio Massa.

El abogado de Guillermo Guiñazú, Miguel Ortiz Pellegrini, confirmó a LA NACION que su cliente prestará testimonial de manera virtual desde Estados Unidos el próximo jueves .

El letrado había acudido al fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada , para que el fiscal Carlos Casas Nóblega acelerara los tiempos.

Durante el cepo cambiario, en la gestión de Massa en Economía, la entidad habría accedido de manera privilegiada a dólares a valor oficial a través de contactos en el Banco Central, argumentando demandas de una sociedad offshore en Florida (Estados Unidos).

Después, liquidaba esas divisas en el mercado paralelo.

Habrían sido cerca de US$500 millones.

La denuncia penal presentada por Guiñazú ante Casas Nóblega apunta a reconstruir cómo Maguitur S.A. habría terminado convertida en el núcleo de una estructura financiera clandestina con ramificaciones en distintas provincias y en el exterior .

La compañía fue fundada por José Manuel Guiñazú , padre del denunciante, que, según el planteo judicial, comenzó operando legalmente.

En 2020, la empresa fue liquidada.

Para el denunciante, ese hecho no habría significado el final del negocio, sino el pasaje de la actividad formal a una operatoria que habría continuado “en negro”, a través de sociedades y de las denominadas cuevas.

Sostiene que la infraestructura, la clientela y el conocimiento acumulado por la empresa original habrían sido aprovechados para sostener una nueva estructura.