El Gobierno pone en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios y busca que haya 20.000 empleados menos en el Estado

En línea con su promesa de aplicar la motosierra sobre la estructura del Estado nacional, el gobierno de Javier Milei puso en marcha hoy un nuevo plan de retiros voluntarios, centrado en este caso en empleados públicos que, por su edad, están cerca de jubilarse.

De los 341.000 empleados que el Estado tenía al iniciarse el gobierno libertario, según el Indec, unos 72.000 dejaron de pertenecer a la planta en estos años, y la intención del Gobierno es sumar en los próximos meses un número cercano a 20.000.

Es decir, espera reducir en un 25% la plantilla de la administración pública nacional para fin de año.

A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el jefe de gabinete Diego Santilli , el Gobierno avanza en su objetivo de achicar la planta estatal, con un plan que en principio se extenderá desde el primero al último día de noviembre, y que abarca un amplio universo de algo más de 21.000 empleados, con excepción expresa de personal de Fuerzas Armadas, de Seguridad e Inteligencia.

Se propone abonar, para el grupo de hombres y mujeres de entre 58 y 63 años sin aportes suficientes para jubilarse, el 60 por ciento del sueldo durante tres años.

Un segundo grupo, de empleados con esa franja de edad y aportes suficientes para jubilarse, percibiría una única remuneración mensual por cada año trabajado.

Y el tercer grupo, que abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres hasta 62, percibirá un sueldo por año trabajado, con un tope general de veinte salarios.

Como novedad, se establece que el empleado que decida irse no podrá retornar por ocho años a ocupar un cargo en el Estado.

“El programa no tiene una meta predeterminada de retiros.

No buscamos alcanzar una cantidad determinada de desvinculaciones, sino seguir adecuando las dotaciones del Estado a las funciones que efectivamente necesita cumplir”, afirmaron a LA NACION desde el ministerio que encabeza Sturzenegger.

Agregaron que el plan “es una herramienta para aquellos organismos que tienen estructuras sobredimensionadas, funciones duplicadas o puestos que dejaron de ser necesarios.

Cada retiro requiere la decisión voluntaria del trabajador y la aprobación del Estado, que evaluará cada solicitud en función de las necesidades del organismo”, afirmaron.

Y destacaron que “se abre una instancia de consultas” de cada empleado con el área de recursos humanos de cada repartición, a fin de evacuar dudas.

“Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos.