Todos se alejan cuando llega la mala hora

Ni siquiera se detuvo para observar la maltrecha relación de fuerzas que comienza a asediarlo en el Congreso.

Solo esa certeza explica que Javier Milei haya anunciado que enviará al Congreso un proyecto sobre las Malvinas que incluye penas de prisión para los que participen o promueven una campaña anti argentina , que instala un cierto déjà vu , el recuerdo de algo que ya se vio en el país durante el último gobierno militar, hace 50 años.

Los uniformados de entonces también levantaron la bandera de una supuesta campaña anti argentina en el exterior, cuando más allá de las fronteras se empezaban a preguntar qué pasaba aquí con los derechos humanos.

También recuerda el intento del gobierno de Carlos Menem de condenar penalmente eventuales delitos de violación del secreto de Estado y de poner en riesgo la seguridad nacional.

Se le llamó en los años 90 la “ley mordaza” porque significaba un serio riesgo para la libertad de prensa y de expresión.

Como ahora.

Pero el Congreso le hizo saber entonces a Menem, un poderoso líder peronista en aquellos tiempos, que era imposible que se aprobara esa iniciativa.

La idea dejó de existir.

Otra “ley mordaza” asoma en el paisaje con aquel proyecto sobre las Malvinas.

Siempre hay con esas islas usurpadas una mezcla de sentimiento nacional colectivo y, a la vez, de aprovechamiento político de los gobernantes con problemas.

La falta de precisiones en el proyecto puede terminar en el absurdo de que una simple crítica al gobierno de Milei sea considerada parte de una campaña anti argentina , delito que prevé, según se anticipó, penas de hasta 15 años de prisión.

Se lo mire por donde se lo mire, ese proyecto es inconstitucional y exhibe una incontrolable inclinación del Presidente hacia el autoritarismo.

También es una prueba de su debilidad . ¿A qué político fuerte se le ocurriría amenazar con prisión a los que ejerzan la libertad de expresión y de prensa? Los políticos en serio nunca amenazan que llegarán a tanto sin averiguar primero si podrán llegar.

Y si la Constitución y la ley se lo permiten.