Un juez rechaza la solicitud de Cilia Flores, ex primera dama de Venezuela, para salir de prisión

Los abogados de Cilia Flores habían argumentado que ella debía recibir tratamiento médico fuera de la cárcel para una afección cardíaca, pero un juez federal desestimó la petición.

Mientras Cilia Flores, la esposa del derrocado líder venezolano Nicolás Maduro, ha permanecido en una celda de una cárcel de Brooklyn, ha experimentado algunos de los problemas que afectan a los convulsos centros de detención federales de Estados Unidos.

Una pelea estalló en su unidad, lo que llevó a los guardias a usar gas pimienta, que le provocó opresión en el pecho.

Ha perdido unos 11 kilos y dos muelas, y su afección cardíaca ha empeorado.

Su abogado le ha pedido a un juez que la libere bajo arresto domiciliario privado en Nueva York --el cual sería pagado por el gobierno venezolano-- para que pueda recibir el tratamiento adecuado.

Sin embargo, el jueves, esa solicitud fue denegada por el juez que supervisa el caso, Alvin K.

Hellerstein.

Esas solicitudes no son inusuales.

Con distintos grados de éxito, los acusados adinerados a menudo han intentado aprovechar su dinero para evitar el encarcelamiento en las problemáticas cárceles federales de Estados Unidos.

Los defensores de los acusados sin recursos han argumentado desde hace mucho tiempo que la idea de que un acusado pueda comprar su salida de la cárcel es injusta.

Y en documentos judiciales recientes, los fiscales federales en Manhattan han argumentado que conceder la solicitud de Flores crearía un sistema de fianzas de dos niveles, en el que acusados adinerados como ella podrían pagar por una cárcel privada mientras que los acusados más pobres permanecerían detenidos.

"Esto no es más que un intento de aprovechar su riqueza para recibir un trato especial que está prohibido por la ley", escribieron el mes pasado los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York.

Al denegar la moción, Hellerstein citó la solidez de las pruebas presentadas por el gobierno.

El jueves se anunció una nueva acusación formal contra Flores y Maduro, en la que se les imputa haber conspirado para torturar a detenidos, entre ellos ciudadanos tanto venezolanos como estadounidenses.