Estafó a más de 40 personas a través de una financiera ilegal en Salta y deberá pagar una multa durante meses

Una mujer fue condenada a tres años de prisión condicional y al pago de $35 millones como compensación económica en Salta luego de que admitiera haber cometido 48 hechos de estafa vinculados a la captación ilegal de fondos por medio de una financiera, bajo la promesa de otorgar elevados rendimientos semanales a las víctimas.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) , representada por Walter Inda , secretario letrado, alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con Patricia Jimena Vidaurre , quien reconoció su responsabilidad penal como autora de estafas reiteradas en concurso real.

La homologación del acuerdo fue dispuesta por el juez Nicolás Rodríguez Pipino durante una audiencia de revisión de prisión preventiva.

Según se expuso, la investigación de la UDEC comenzó en agosto de 2025 tras denuncias de personas que habían entregado dinero a una financiera ilegal conocida como “Inversiones Alyson” .

Allí, los inversores recibían la promesa de obtener rendimientos semanales del 40% al 60% , que eran calculados con base en el monto que destinaran a las supuestas inversiones realizadas.

Las operaciones se gestionaban principalmente por grupos de WhatsApp y el dinero era entregado en forma presencial o mediante transferencias, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta .

En un primer momento, los pagos acordados se efectuaron puntualmente, lo que generó confianza y motivó a los participantes a incrementar sus inversiones y recomendar la operatoria a otras personas.

Pero, poco después, los pagos comenzaron a demorarse y finalmente se interrumpieron, junto con la comunicación con quienes reclamaban la devolución de los fondos.

La investigación permitió incorporar nuevas denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación de “Préstamos e Inversiones Alyson” .

También se solicitaron informes a entidades bancarias y financieras sobre las cuentas empleadas para recibir los fondos y se tomaron declaraciones testimoniales a los damnificados.

Tras haberse recibido múltiples denuncias al respecto, en agosto de 2025, la UDEC dispuso una serie de medidas para determinar el alcance de la maniobra.

Fue así que Vidaurre fue detenida el 28 de agosto de 2025 junto a su pareja y al hijo de éste, aunque respecto de ellos el proceso continúa.

Como parte de los operativos, se realizaron allanamientos en Salta Capital y Rosario de Lerma , donde se secuestró documentación relevante.

Además, a pedido de la Fiscalía, se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas a la acusada.