Abogacía del Estado y Gobierno vasco intentaron frenar el juicio al troceo de la Seguridad Social

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado y el Gobierno vasco contra la asociación Impulso Ciudadano, que tiene recurrido el troceo y traspaso de tres materias de la Seguridad Social al País Vasco previo pacto de Pedro Sánchez y el PNV.

El Alto Tribunal considera legítima a esta plataforma ciudadana para cuestionar la transferencia de la protección por desempleo (nivel contributivo y asistencial), las prestaciones familiares no contributivas, el subsidio por nacimiento y cuidado de menores no contributivo, y el seguro escolar.

Según ha podido saber ABC, el pasado 22 de julio la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS rechazó que Impulso Ciudadano carezca de interés legítimo para hacerlo, como le reclamaban, por lo que l a tramitación de sus recursos contra esta cesión acordada por el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico continúa en el tribunal.Desde junio de 2024 (cuando Imanol Pradales tomó posesión como lendakari) a abril de 2026, el Gobierno vasco cuenta veintidós traspasos de competencias —o de parte de su gestión— acordados con el central.

La Comisión Mixta de Transferencias ha sido el escenario, con las conversaciones produciéndose tras el telón y las partes tratando de cumplir lo comprometido por Sánchez a cambio de los votos del PNV en su última investidura como presidente del Gobierno.

Ahora, ante la cercanía de las elecciones generales, la hoja de ruta que contempla el Gobierno vasco, donde faltan ocho materias para «completar» el Estatuto de Autonomía de 1981, ha entrado en vía muerta.

Queda en el aire, por ejemplo, el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, que, sin embargo, se ha ido desgajando en una estrategia acordada el pasado verano.Sin opción de abordarlo al completo, seis meses después de que ambos se reunieran el 16 de julio de 2025 en el Palacio de la Moncloa, en enero se sellaba la transferencia al País Vasco de las tres materias mencionadas en el primer párrafo de la información.

El traspaso de ocho inmuebles y 462 plazas de funcionarios vinculados al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), además del coste de las ayudas citadas, quedaban comprometidos por los decretos y las órdenes ministeriales publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de marzo.

Sin embargo, en mayo de este año, el Tribunal Supremo abrió la puerta a juzgar la legalidad de dichas resoluciones administrativas admitiendo a trámite los recursos presentados por Impulso Ciudadano, denunciando «desigualdades territoriales» y el quebranto de la «caja única» de la Seguridad Social.