El Gobierno prohíbe en Madrid y Santander las concentraciones en apoyo a Ceuta

A menos de 24 horas para la celebración de concentraciones en todo el país en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, el Gobierno de Pedro Sánchez está comunicando a última hora de este martes que prohíbe varias de estas reuniones ciudadanas promovidas por los ayuntamientos.

Como mínimo, a esta hora, lo ha hecho en el caso de las ciudades de Madrid y Santander, a cuyos documentos remitidos por sendas delegaciones del Gobierno ha tenido acceso ABC.Tanto en el caso de Santander como el de Madrid, la Delegación del Gobierno en ambas regiones considera que «ni el alcalde, cuando actúa como presidente del Ayuntamiento, ni el propio Ayuntamiento pueden ser titulares del derecho de reunión», de tal forma que usa esa excusa para denegar la celebración de la concentración , una potestad que, al tratarse de una cuestión de seguridad ciudadana, corresponde a este organismo estatal.Para el Ejecutivo, el Ayuntamiento es la organización estable que representa y administra al conjunto del municipio y, por tanto, no puede identificarse con una asociación temporal de personas reunidas para expresar ideas, intereses, problemas o reivindicaciones, aunque sea, como es el caso, para apoyar la españolidad de una parte del territorio y dar cariño a sus vecines que, desde hace un mes, viven en una situación de anormalidad.

El informe diferencia esta situación de la de partidos políticos, coaliciones o agrupaciones electorales, que sí pueden representar intereses sectoriales.

Como consecuencia de esta interpretación por parte de los delegados del Gobierno, «la comunicación realizada por el Ayuntamiento no puede tramitarse mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión».

No obstante, esto no impide que el Ayuntamiento pueda organizar, dentro de sus competencias y bajo su propia responsabilidad, los actos institucionales que considere oportunos.

Una posibilidad que permitiría mantener la cita, pero que obliga a los consistorios a estar más vigilantes con el tipo de consignas que se puedan lanzar de forma espontánea por parte de los congregantes.En el caso del escrito recibido por el ayuntamiento de Madrid, la Delegación del Gobierno informa de que ha trasladado el escrito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan adoptar, si fuera necesario, las medidas destinadas a garantizar la seguridad del acto institucional.

El informe aclara también que, si una persona física o jurídica quisiera promover una manifestación o concentración, sí podría comunicarla a la Delegación del Gobierno siguiendo el procedimiento y los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983.

El consistorio madrileño comunicó su intención, como se hace en estos casos, en tiempo y forma.