El Gobierno firma con el País Vasco el 50% de financiación de la dependencia que no garantiza a Andalucía

El Gobierno de España, antes de disolver las Cortes con motivo de la convocatoria de elecciones generales, ha dejado a los pies del lehendakari vasco el enésimo regalo de esta última legislatura que acaba de expirar.

Tal y como recoge la comisión mixta del concierto económico, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha rubricado el acuerdo para la financiación complementaria del Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en la citada comunidad.Al igual que se comprometió su predecesora, la andaluza María Jesús Montero, el Estado abona el 50% del presupuesto destinado a ayudar a las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, han perdido de forma permanente su autonomía funcional y necesitan apoyo.

Es lo que obliga la ley, pero en este pacto se deja por escrito para evitar el incumplimiento reiterado de los últimos años.

Para cumplir con el País Vasco, se ha tenido que recurrir al crédito extraordinario este 2026 de 50 millones de euros al no haberse aprobado las cuentas generales del Estado por tercer año consecutivo.En cambio, lo que se firma en este convenio bilateral con Euskadi no se hace con las otras 16 comunidades que conforman la nación.

Un nuevo agravio especialmente hiriente para Andalucía, que en los presupuestos anteriores ha aportado el 70% mientras veía que el Ejecutivo central llegaba al 30% a duras penas.Riesgo de trato desigualMientras que al norte se le aporta en plazo lo que le corresponde, las demás se ponen a la cola.

A esperar.

En septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó la gran reforma de la dependencia y la discapacidad, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión (el Gobierno se agarraba a la ambigüedad del texto anterior).

Pero, en la disposición adicional vigésima de la reforma, se expone claramente que «el Gobierno constituirá un grupo de trabajo en un plazo máximo de 12 meses en el seno del Consejo Territorial».El País Vasco ya lo tiene garantizado para 2027 y Andalucía, con casi total probabilidad, deberá hacer un esfuerzo mayor para compensar esa carencia estatal.

Hay que constituir ese grupo, en un plazo de un año , y a partir de entonces se realizará un análisis pormenorizado de las necesidades financieras del sistema para fijar los criterios uniformes para calcular y certificar el gasto de dependencia.