El Gobierno de Page busca apoyos en el Congreso para frenar el nuevo modelo de financiación autonómica

Castilla-La Mancha quiere llevar su oposición al nuevo modelo de financiación autonómica más allá del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El Gobierno de Emiliano García-Page ha anunciado que buscará apoyos entre los grupos parlamentarios del Congreso para intentar evitar que salga adelante una reforma que considera perjudicial para los intereses de la comunidad autónoma.

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha reiterado este lunes en Albacete el rechazo frontal del Ejecutivo regional a la propuesta planteada por el Gobierno central y ha confirmado que la estrategia pasa ahora por intensificar los contactos políticos.

"Nos hemos opuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estamos hablando en el Gobierno de España y lo haremos con los grupos parlamentarios para explicar nuestro planteamiento", ha señalado.

La Junta considera que el futuro sistema debe garantizar que los ciudadanos puedan acceder a unos servicios públicos de calidad con independencia del territorio en el que residan.

Ese principio de igualdad se encuentra precisamente en el centro de las críticas del Ejecutivo castellanomanchego, que entiende que el modelo planteado no corrige las diferencias de financiación entre comunidades, sino que puede agravarlas.

"El sistema de financiación tiene que garantizar la igualdad de los españoles a acceder a los servicios públicos", ha defendido Guijarro, que ha situado en este criterio la razón principal de la oposición de Castilla-La Mancha.

La Junta prepara su ofensiva parlamentaria La posición del Gobierno regional no es nueva.

Castilla-La Mancha ya votó en contra de la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha reclamado que el modelo sea revisado antes de continuar su tramitación.

Ahora, el Ejecutivo autonómico pretende trasladar sus argumentos directamente a los grupos con representación en el Congreso.

La estrategia adquiere especial relevancia porque la reforma tendrá que superar posteriormente el trámite parlamentario.

La Junta quiere aprovechar ese recorrido para explicar a los diputados las consecuencias que, según sus cálculos y su interpretación del sistema, tendría para la región.

Guijarro ha sido contundente al resumir la posición del Gobierno de Page: "Estamos radicalmente en contra".

Y ha insistido en que el rechazo no responde únicamente a una discrepancia sobre el reparto de recursos, sino a la concepción del propio sistema.