Los interventores destapan 32 irregularidades en las ayudas del PSOE para formar a parados en Andalucía

Ni se comprobaban los requisitos de quienes recibían el dinero, ni se vigilaba si los cursos se impartían o si los alumnos asistían, ni se reclamaba la devolución de los fondos cuando se saltaban la ley.

El dinero público destinado a formar a los parados en la autonomía con más desempleo de España se llevó a cabo en medio de un caos administrativo absoluto en la etapa del PSOE al frente de la Junta de Andalucía.

Así lo constata el último informe pericial incorporado a la pieza política de la macrocausa judicial de Formación, en el que dos interventores detectan hasta 32 irregularidades que se prolongaron durante al menos cuatro años (2009-2012) en la gestión de las subvenciones destinadas a la Formación Profesional para el Empleo (FPE) por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En el documento de 89 páginas, al que ha accedido ABC, se analizan más de medio millar de expedientes a petición del juez instructor José Ignacio Vilaplana.Los peritos judiciales que firman el informe el pasado 10 de diciembre, Rafael Manuel García Ramos —interventor y auditor del Estado— y Victoria López Gutiérrez —interventora de la Junta de Andalucía—, han revisado un total de 508 expedientes físicos requeridos a la Consejería de Empleo por la actual Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla (anterior Juzgado de Instrucción número 6).

Su trabajo de campo se ha centrado en las líneas de ayudas derivadas de la orden autonómica de 23 de octubre de 2009, poniendo el foco en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.Los expertos apuntalan las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogidas en un atestado posterior entregado a finales del pasado marzo y avanzado por ABC.

Ambas pesquisas describen un escenario de fraude sistemático que encajaría en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos .

De estos supuestos hechos criminales se responsabiliza a un total de 28 ex altos cargos socialistas y funcionarios del SAE, quienes, según los investigadores, se habrían «concertado» para repartir fondos millonarios burlando de forma recurrente los controles legales obligatorios.La Audiencia de Sevilla revocó el archivo de esta causaEsta documentación forma parte del sumario de la denominada «pieza política» del caso Formación, una rama judicial que cobró nueva vida en 2019 cuando la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó su reapertura .