Castilla y León recurrirá a la Justicia si el Gobierno «diluye» la crisis de Ceuta entre las autonomías

La Junta de Castilla y León recurrirá a la Justicia si el Gobierno de España pretende «diluir» la crisis de Ceuta «en el conjunto» del país.

Así lo ha asegurado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha asegurado que la Comunidad actuará, «como ya ha hecho en otras ocasiones», si considera que las decisiones del Ejecutivo central perjudican a sus «intereses».

Como un «fracaso más del Gobierno» ha tildado la gestión de lo que ha considerado un «problema nacional» y de «control de fronteras».

Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reclamado que se proteja la «seguridad nacional», que ha sido «afectada de una forma absolutamente grave».

En esa misma línea, el representante de la Junta ha exigido que la administración central debe «garantizar» también el «retorno» de quienes han «entrado de forma ilegal» a su «lugar de origen». «Lo que no puede hacer el Gobierno es diluir el problema en el conjunto de España», ha insistido en que debería, además, «tener claro» que la protección de las fronteras es una «función básica del Estado».

Así ha respondido el portavoz de la Junta a preguntas de los medios de comunicación acerca de la posibilidad de que alguna de las 500 menores que el Estado pretende sacar de Ceuta lleguen a las comunidades autónomas, manteniendo la administración central la tutela.

Posición «común»El Ejecutivo autonómico «examinará» ahora si es posible llevar a cabo ese trámite por parte del Gobierno y ha insistido en que si la Junta considera que las decisiones afectan a sus «intereses» acudirá de nuevo a la justicia, como ya lo hizo, por ejemplo, contra el criterio de reparto de menores no acompañados a las autonomías.

Esa es la posición «común» de todo el gobierno de la Junta -formado en esta legislatura por PP y Vox-, ha declarado, y es, además, «coherente» con el acuerdo que suscribieron ambos partidos para formar el nuevo Ejecutivo autonómico.

Pero, además, coincide con la postura que mantuvo en la pasada legislatura, cuando los populares gobernaban en solitario, ha añadido, ya que fue entonces cuando se opusieron a los criterios de distribución planteados por el equipo liderado por Pedro Sánchez. «Es la misma posición que mantenemos hoy; una oposición radical a una política que está causando este perjuicio», ha concluido.