El Supremo obliga al Gobierno a desvelar los pluses de productividad que perciben miles de altos cargos

Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han abierto la puerta a levantar por fin el velo de opacidad que ha permitido ocultar durante años el reparto de los pluses de productividad a los trabajadores de la Administración del Estado, que ha recurrido a los tribunales en varias ocasiones para no proporcionar esa información.

El Gobierno ha hecho en los últimos años todo lo posible por evitar revelar esa información, pese a la sombra de sospecha que siempre ha rodeado su distribución, amparado en un presunto derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos, bajo cuyo paraguas han esquivado decenas de peticiones del Consejo de Transparencia.Que existía esa estrategia lo prueba que la publicación de esas sentencias haya desbloqueado una treintena de resoluciones de Transparencia que reconocían el derecho de los sindicatos a recibir con un elevado nivel de detalle los beneficiarios concretos y las cuantías de los pluses de productividad de miles de altos cargos y funcionarios de una decena de ministerios, un ejercicio de transparencia salarial que, de consumarse, no tendría precedentes en la administración pública española.No es un asunto menor.

El Gobierno repartió en 2025 cerca de 900 millones de euros en productividades y más de 285 millones solo entre el personal de los ministerios, casi duplicando la dotación inicial prevista en los presupuestos prorrogados.

Es decir, que se destinaron 100 millones más de los previstos a este tipo de pluses variables.285 millones Una bolsa millonaria para retribuir el buen desempeño En 2025 la Administración del Estado pagó cerca de 900 millones de euros en productividades, una parte muy importante de esa bolsa se reparte entre policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, casi como un elemento más de su salario estructural, pero otros 285 millones de euros se distribuyeron entre el personal de los ministerios.

El Gobierno amplió en 100 millones de euros esa bolsa, respecto a la cantidad prevista en los presupuestos prorrogados, para poder retribuir el desempeño de sus funcionarios y en algunos ministerios, como el de Presidencia, esa cuantía se duplicó.

Lo que deja sentado el Supremo es que «el principio de transparencia retributiva en el empleo público constituye una manifestación del principio democrático de rendición de cuentas , en la medida que permite a la ciudadanía y a los representantes de los empleados públicos el control democrático del gasto público» y que solo esa transparencia permite verificar «que los recursos destinados a las retribuciones del personal se asignan con arreglo a la legalidad, bajo el principio de igualdad y respetando criterios objetivos de mérito y capacidad».