La Fiscalía rectifica y avala ante el juez que la Audiencia Nacional es competente para investigar la querella contra Julio Iglesias

El informe del fiscal Vicente González Mota concluye que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción para examinar la querella por agresión sexual presentada contra el cantante por dos extrabajadoras Las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias presentan una querella contra él en la Audiencia Nacional La Fiscalía cambia de criterio y sostiene ahora que la Audiencia Nacional sí es competente para investigar la querella por agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras de sus mansiones del Caribe.

Fuentes jurídicas confirman a elDiario.es que Vicente González Mota, el fiscal al que le ha correspondido por reparto pronunciarse sobre esa querella, ya ha enviado un informe en ese sentido al magistrado a cargo del caso, Antonio Piña.

El juez tendrá que decidir ahora si abre una investigación contra el artista.

Antes de ser trasladado a la causa, el informe del fiscal debía ser visado por un superior.

En este caso ha sido supervisado por la fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez Álvarez.

Esta fiscal ha respaldado el criterio de González Mota, que considera que los tribunales españoles sí son competentes para analizar los hechos denunciados por las dos trabajadoras.

La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, acusa al cantante de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

La postura de González Mota se aparta de la fijada hace unos meses por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez.

Esta fiscal archivó el pasado enero una primera denuncia que estas trabajadoras presentaron ante el Ministerio Público, no en el juzgado como en esta ocasión.

Esa denuncia fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto.

La fiscal Durántez consideró que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para examinar el caso dado que los hechos ocurrieron en el extranjero y no se daban los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pudiera intervenir.

Tras otorgarles la condición de testigos protegidos y tomarles declaración, la fiscal Durántez concluyó que las extrabajadoras no son españolas, “ni viajaron con el denunciado en algún momento a España”, por lo que no había “vínculo personal o territorial con nuestro país”.