Ceuta reabre el debate sobre las externalizaciones sanitarias en plena crisis migratoria

La crisis migratoria registrada en Ceuta desde finales de julio, con la llegada irregular de al menos 72.000 personas de acuerdo a las cifras oficiales reconocidas por el Gobierno de España, ha reabierto la polémica sobre la política de colaboración público-privada en la sanidad española.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido muy crítica en los últimos años con esa práctica e incluso ha planteado una reforma legislativa para limitar la externalización de servicios públicos a otras entidades para agilizar las prestaciones o mejorar la atención a los pacientes.

Ahora se ha conocido que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente expresamente del departamento que dirige García y que tiene las competencias de la sanidad en Ceuta y de Melilla, mantiene contratos con proveedores privados mientras el Ministerio impulsa una reforma destinada a restringir estas fórmulas en el Sistema Nacional de Salud.

La controversia ha surgido justo después después de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a finales de julio, una cifra que el Gobierno de la ciudad autónoma eleva a 80.000.

Parte regresó en los días siguientes a Marruecos pero las autoridades ceutíes calculan que todavía permanecen en la ciudad alrededor de 9.000 personas.

La llegada extraordinaria ha provocado una fuerte presión sobre los servicios públicos y, especialmente, sobre el sistema sanitario.

El Ministerio de Sanidad cifró en 5.800 las atenciones prestadas a migrantes durante las dos primeras semanas y reconoció un incremento cercano al 50% en las urgencias, aunque García negó que existe un colapso durante la visita que realizó el domingo a Ceuta.

La valoración del Ministerio contrasta con la del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), que desde el inicio de la emergencia ha denunciado una "auténtica catástrofe asistencial" y ha calificado la situación de "colapso absoluto".

En este contexto, dirigentes del PP y organizaciones profesionales han recuperado las críticas contra García por la contratación de prestaciones sanitarias privadas en Ceuta mientras el Ministerio impulsa la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud.

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros establece la gestión directa como fórmula ordinaria del Sistema Nacional de Salud y pretende limitar la externalización mediante evaluaciones previas y mayores controles.

Uno de los casos más controvertidos es la contratación por Ingesa de la clínica privada Septem para prestar servicios de Psiquiatría en Ceuta.

El PP denunció una contradicción con el discurso de García contra la colaboración público-privada, mientras el Ministerio de Sanidad defendió que se trataba de un recurso complementario para garantizar la continuidad asistencial en situaciones excepcionales.