El juez del Supremo tumba el intento de Alvise para que no se rastreen sus criptomonedas

El instructor de la causa por financiación ilegal ve “necesarios para asegurar la investigación” los informes que pidió sobre los 100.000 euros que cobró en metálico de un empresario en la precampaña europea La Policía concluye que los 100.000 euros que Alvise recibió de un empresario eran para financiar su campaña de las europeas El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha rechazado íntegramente el recurso con el que el eurodiputado ultra Alvise Pérez pretendía evitar el rastreo de información clave sobre la financiación de la campaña tras la que concurrió a las europeas de 2024.

En un auto del 30 de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor confirma el rastreo policial de los monederos virtuales de criptomonedas y los requerimientos de información dirigidos tanto a su partido como al Tribunal de Cuentas que había acordado a petición del PSOE, personado como acusación popular.

El magistrado afirma que son “informes necesarios para asegurar la investigación” abierta al agitador ultra por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas semanas antes de la campaña de los citados comicios.

Entre esas tres diligencias está la petición de un informe a la Policía para analizar los tres monederos de criptomonedas que ese empresario, Álvaro Romillo, creó para que Alvise pudiera recibir donaciones anónimas que le permitieran eludir el control del Tribunal de Cuentas.

Romillo está imputado en este caso y también por una supuesta estafa con criptomonedas.

El Supremo rechaza el argumento de la defensa del eurodiputado, que pretendía anular este rastreo alegando que el político nunca dispuso de la “frase semilla”, una especie de clave maestra que permite acceder a los fondos.

Y que, en consecuencia, “nunca ostentó la titularidad, posesión ni capacidad de disposición sobre dichos activos”.

Antes de recibir el dinero, Alvise trasladó al empresario sus “necesidades”, entre las que citaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña, tal y como recogen los mensajes intercambiados entre ambos y como reveló elDiario.es.

Entre las diligencias acordadas, el juez reclamó también al representante legal de Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido creado por Alvise, la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las europeas en 2024.