Más de la mitad de propiedades que Planifica Madrid puso a la venta el año pasado terminaron sin comprador

Planifica Madrid saltaba a finales del pasado mes de julio a los medios de comunicación tras conocerse que la empresa pública había adquirido un ático en Chamberí que, presumiblemente, iba a destinarse para que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, utilizase como oficina el tiempo que durasen unas obras de la Puerta del Sol.

El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, anunciaba tan solo un día después que había dado instrucciones a la compañía para poner a la venta éste y varios inmuebles situados en Gran Vía para ayudar en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios que este verano han resultado devastadores en la Autonomía.

El Ejecutivo madrileño lo sacó finalmente al mercado por 6,7 millones de euros -sin impuestos- tras haberlo adquirido por 6,3 millones.

Si bien, la experiencia de Planifica Madrid con las ventas no ha sido especialmente positiva para la firma de carácter público, dependiente de la Consejería de Presidencia.

Según la información que recoge en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid y publica infoLibre, la compañía intentó colocar en 2025 una decena de lotes urbanísticos valorados en más de 150 millones de euros.

Sin embargo, seis de esas diez propiedades se quedaron sin comprador.

Ahora, Planifica Madrid intenta vender el inmueble que desató la tormenta junto con una segunda propiedad demás de 1.200 metros cuadrados.

El consejero de Presidencia se refirió a cuatro, pero en realidad es un inmueble dividido en cuatro fincas diferentes, según el Registro de la Propiedad.

El espacio albergó en su día la Comisión Jurídica Asesora de la Consejería de Presidencia, órgano para el que Ayuso acaba de fichar a los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

La empresa ya trató de hacer lo propio el año pasado junto con otro inmueble localizado en la calle Santa Catalina 6, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, y que en su día fue utilizado por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

La empresa justificaba el movimiento de la siguiente manera, apoyándose en que no podían usarse como oficinas: "Aunque históricamente ambos inmuebles se han venido utilizando como oficinas, su uso urbanístico es residencial, con imposibilidad de obtener la licencia preceptiva para uso de oficinas.

A ello se añade el hecho favorable de que la demanda de este uso residencial es mucho mayor, dada la tipología de los inmuebles y la zona en la que se encuentran".

Finalmente, solamente pudo vender el edificio de Santa Catalina.

Lo hizo a la compañía mexicana Be Grand, que trata de convertirlo en viviendas de lujo.