El alcalde de Albacete, bajo la lupa por adjudicar 2,4 millones para la zona de bajas emisiones que aún no existía

El Ayuntamiento de Albacete llegó a adjudicar casi 2,4 millones de euros en contratos vinculados a la zona de bajas emisiones (ZBE) cuando ni siquiera había aprobado todavía la ordenanza que debía regularla.

Así lo recoge la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, que también deja constancia de los retrasos acumulados por el Consistorio en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

El informe ha dado munición al PSOE para cargar contra el alcalde, Manuel Serrano, al que acusa de haber actuado con "temeridad administrativa" y de poner en riesgo la financiación europea destinada a las actuaciones de movilidad sostenible.

Los socialistas consideran difícil de justificar que el Gobierno municipal avanzara en la compra de cámaras y tecnología por millones de euros mientras la propia ZBE seguía sin aprobarse y Albacete continuaba fuera de los plazos establecidos por la normativa.

El documento fiscalizador pone el foco precisamente en esa falta de correspondencia entre el dinero comprometido y el grado real de ejecución del proyecto.

En concreto, recoge la formalización de dos contratos por un importe total de 2.382.538 euros en un momento en el que la ZBE todavía no había sido aprobada ni implantada.

Una forma de proceder que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González, ha calificado de "irresponsable" y que, a su juicio, demuestra la falta de planificación del Ejecutivo local del PP.

"Manuel Serrano ha vuelto a demostrar cómo no se debe gobernar, poniendo el carro delante de los bueyes al adjudicar millonarios contratos de cámaras y tecnología sin haber aprobado previamente la ordenanza reguladora.

Es un auténtico despropósito", ha señalado González.

Años de retraso para aprobar la ZBE El problema no se limita a la contratación.

Albacete arrastró durante años el retraso en la aprobación de su ZBE pese a que la normativa estatal obligaba a las ciudades de más de 50.000 habitantes a disponer de este instrumento desde comienzos de 2023.

La ordenanza no terminó aprobándose hasta abril de 2026, ya con Manuel Serrano al frente del Ayuntamiento, acumulando así un retraso que ahora aparece reflejado en la fiscalización de los órganos de control.

Para los socialistas, ese desfase desmonta además el discurso de gestión del alcalde.

El PSOE considera que el Ayuntamiento fue capaz de comprometer importantes cantidades de dinero procedentes de los fondos europeos mientras seguía sin resolver el elemento básico de todo el proyecto: la regulación que debía establecer cómo funcionaría la ZBE y qué restricciones se aplicarían.