Todo sobre el caso de las filtraciones de Zapatero que investiga la justicia: la información reservada filtrada y la jueza en cuestión

Margarita Valcarce, titular del juzgado 16 de Madrid, ha ordenado la apertura de una investigación por la filtración de datos reservados del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la presunta trama relacionada con Plus Ultra.

Esta decisión llega después de las quejas y el malestar generado por las filtraciones de información reservada, como mensajes privados o datos personales, en informes de la UDEF al juez José Luis Calama.

Después de que se difundiera el detalle de las agendas de Zapatero, así como las conversaciones entre el expresidente y su secretaria, Gertrudis Alcázar, con difusión de datos que nada tenía que ver con el procedimiento, el juez Calama acordó deducir testimonio en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid.

Así, este jueves Margarita Valcarce ha ordenado la apertura de la investigación por la filtración de varios datos reservados sobre el caso por el que investiga al expresidente.

Trayectoria y causas de interés de Margarita Valcarce Margarita Valcarce, jueza sobre la que ha recaído la investigación sobre las filtraciones de datos personales y comunicaciones de Zapatero, ingresó en la carrera judicial en 1998, siendo la número 186 de un total de 187 de su promoción.

Su primer destino fue el Juzgado de Instrucción número 3 de Bergara, en 1998.

En 2002 promocionó a magistrada y se trasladó al Juzgado de Instrucción número 3 de Getxo.

Tres años después, en el 2005, se trasladó al Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, donde permaneció cinco años.

En septiembre de 2010 ocupó la plaza del Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, que le fue otorgada en propiedad en mayo de 2018.

En julio de ese mismo año le fue concedida una comisión de servicio con relevación de funciones en la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, por un periodo de seis meses.

En abril de 2021 se trasladó al Juzgado de Instrucción número 16, donde permanece en la actualidad.

Entre sus causas de mayor interés destaca cuando en octubre de 2020 dictó sentencia condenatoria contra 131 controladores aéreos por un delito de abandono del servicio público, por los hechos acontecidos los días 3 y 4 de diciembre de 2010.

En esa fecha, los controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid y Torrejón alegaron colectiva y simultáneamente una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas, abandonando sus puestos de trabajo, en protesta por la rebaja de sus condiciones laborales, lo que provocó la anulación de 5.000 vuelos.

En 2022 fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid.