El Gobierno dice mantener el calendario de cierre de las nucleares en 2035 aunque ya no estará bajo su control
Una prórroga «acotada y limitada».
El Gobierno se ha ocupado de subrayar este viernes que su decisión de extender hasta junio de 2030 la vida útil de la central nuclear de Almaraz no afectará al resto de centrales y no alterará el calendario de cierre en 2035 del conjunto de las plantas nucleares operativas en España previsto en el plan energético del Ejecutivo, concretado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), y rubricado en su día con los dueños de las centrales y la empresa pública que gestiona los residuos radioactivos (Enresa).«El Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre.
Esta extensión limitada se circunscribe exclusivamente a la instalación de Almaraz, no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035», han señalado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica un par de horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) oficializara la decisión del Gobierno de ampliar la vida útil de la central extremeña, el primer paso atrás del Ejecutivo en la que ha sido una de sus enseñas más firmes: el cierre total de las centrales nucleares españolas.Transición Ecológica dice mantener el calendario del Pniec, pero con esta decisión no solo alienta las expectativas de los que en el ámbito político y, de forma incluso más comedida, en el empresarial abogan por extender la vida útil de las centrales sino que además pierde por completo el control sobre ese proceso.
Almaraz era la primera central en afrontar su cierre definitivo dentro del calendario previsto en el Pniec y la única cuya prórroga operativa dependía de la decisión que adoptara el Gobierno actual.
Los propietarios del resto de plantas activas en España pueden esperar perfectamente hasta finales del año 2027 o incluso principios de 2028 para activar el trámite administrativo de solicitud de prórroga de la vida útil de sus instalaciones, de modo que la decisión última sobre su cierre definitivo o su mantenimiento en activo corresponderá, además de al preceptivo informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear, al gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales.
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