Cuatro años sin culpables por el 'tren del infierno' de Bejís: «Nadie nos ha pedido disculpas»

Cuatro años después de que un tren de media distancia de Renfe entre Valencia y Zaragoza quedara detenido entre las llamas del incendio de Bejís (Castellón), sus pasajeros ni siquiera han recibido una disculpa y, mucho menos, una explicación.

El convoy se adentró el 16 de agosto de 2022 en una zona tomada por el fuego y obligó a los viajeros a enfrentarse a un paisaje terrorífico provocando que una veintena de personas resultaran heridas al tratar de huir del 'infierno'.

Sin embargo, pese a la gravedad del accidente sobre el que aún pesa la losa de una presunta negligencia, la investigación judicial sigue guardada en un cajón de los juzgados de Segorbe.

Con todas las pruebas a su disposición desde hace once meses, la magistrada achaca al exceso de trabajo el retraso en la decisión de reabrir la causa o confirmar su archivo provisional.Las víctimas del incidente denuncian una paralización total en las diligencias practicadas.

En marzo de 2023, se ordenó el sobreseimiento de la instrucción a la espera de recibir un informe clave sobre el volcado de diferentes dispositivos electrónicos, encargado al Departamento de Nuevas Tecnologías de la Guardia Civil.

Entonces figuraban como investigados la maquinista que pilotaba el tren, un responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón y otros dos responsables del Servicio de Prevención de Incendios de esta provincia.

Ninguno de ellos llegó a declarar en sede judicial.Isabel Irlandés, una de las pasajeras que viajaba junto a sus dos hijos en el conocido como 'tren del infierno' de Bejís, lamenta a ABC que la actual instructora tenga el caso desde hace un año con toda la documentación, pero no lo abra. «Asegura que tiene mucho trabajo, pero es que ya son cuatro años.

Tiene en su poder más de mil páginas de sumario con informes policiales, reportes forestales y todas las pruebas, pero no se digna a retomarlo», clama esta mujer, que sufrió quemaduras por las que padece hoy un grado de 37 por ciento de discapacidad. «Mis hijos también están mal, yo me quedé sin trabajo y sin casa porque no podía pagar los gastos y estoy esperando a que un tribunal médico me dé la incapacidad total», señala.La afectada recuerda que el procedimiento ha pasado ya por las manos de cuatro jueces y que su abogado ha presentado distintos recursos hasta conseguir que la Audiencia Provincial de Castellón instara al juzgado de Segorbe a continuar con las actuaciones.

El informe determinante de los investigadores de la Benemérita forma parte de la instrucción desde abril de 2024, después de que una providencia meses atrás urgiera celeridad a la Policía Judicial.