Hacienda inicia la devolución de otros 1.250 millones a varias grandes del Ibex por su enésimo patinazo regulatorio

La firme voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar las cargas fiscales a las grandes empresas del país está chocando con dos muros difícilmente franqueables: la realidad y los tribunales de Justicia.

Hacienda acaba de iniciar la devolución a varias grandes multinacionales españolas de los 1.250 millones de euros que, según sus propios cálculos, tendrá que reintegrar a compañías como Telefónica, Iberdrola y Ferrovial por el dinero que les reclamó hace alrededor de una década después de que la Comisión Europea considerara el régimen de ayudas fiscales a la internacionalización aprobado por el Gobierno Aznar en 2002 como una ayuda de Estado.La Hacienda española se apresuró tras aquella resolución comunitaria a tramitar la recuperación de los beneficios fiscales disfrutados entre 2002 y 2015 por un puñado de grandes multinacionales, gracias a la opción que se les dio de amortizar el fondo de comercio generado por la adquisición directa o indirecta de participaciones en empresas de otros países.

Una compañía con gran actividad corporativa internacional en aquellos años como Telefónica estimaba en sus últimas cuentas anuales en más de 2.500 millones de euros el beneficio fiscal obtenido por este mecanismo, ideado en su día por el Gobierno del PP precisamente para impulsar la internacionalización de sus grandes empresas de bandera.La Comisión Europea, presionada por varias grandes economías europeas que enseguida identificaron el dispositivo como una ventaja competitiva para las empresas españolas, consideró el esquema como una ayuda de Estado y obligó a España a recuperar esas ayudas.

El Gobierno así lo hizo y las empresas llevaron el asunto a los tribunales porque entendían que no tenían ninguna responsabilidad en el diseño y aprobación del esquema, y que si lo utilizaron fue confiados en que era legal, apelando al llamado principio de confianza legítima, que tanto Bruselas como el Tribunal de Justicia de la UE han acabado aceptando.La resolución del TJUE de 26 de junio de 2025 supuso el punto final de este litigio a tres bandas, pasadas más de dos décadas desde su activación el 1 de enero de 2002, y abrió la puerta a la recuperación de los incentivos fiscales que el Gobierno tendrá que devolver a varias grandes multinacionales españolas por su toma de participaciones en empresas extranjeras.

El diario El País estimó hace un año, a partir de fuentes empresariales, en una cuantía que podría llegar a 8.000 millones de euros el coste de la sentencia para las arcas públicas.