Talavera endurece sus exigencias al biometano: 5 kilómetros, residuos de proximidad y más control
El Ayuntamiento de Talavera quiere elevar las garantías frente a la instalación y gestión de plantas destinadas a transformar residuos orgánicos en biometano.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la presentación de 10 alegaciones al proyecto de decreto de Castilla-La Mancha que regula este tipo de instalaciones y, además, ha dado luz verde a la presentación de un recurso de alzada contra una autorización ambiental integrada concedida por la Dirección General de Calidad Ambiental.El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha explicado que ambas actuaciones responden a los acuerdos adoptados en el último Pleno Extraordinario y tienen como objetivo reforzar las garantías ambientales, urbanísticas y de salubridad , así como preservar las competencias de las administraciones locales.Entre las principales alegaciones planteadas por el Consistorio se encuentra el aumento de la distancia mínima que deben guardar estas instalaciones respecto de suelos residenciales, urbanos e industriales.
El Ayuntamiento reclama que pase de los dos kilómetros previstos inicialmente a cinco kilómetros , al considerar que esta ampliación ofrecería una mayor protección a los núcleos de población y las zonas urbanizadas.Otra de las propuestas se centra en el principio de proximidad.
El Ayuntamiento reclama restringir la entrada de residuos y establecer un ámbito máximo inferior al planteado por la Junta.En concreto, plantea fijar un límite absoluto de 50 kilómetros para el 100 por cien de los insumos utilizados por las plantas, con el objetivo de evitar que dependan de residuos transportados desde largas distancias.También solicita que se prohíba expresamente la importación o introducción en el circuito regional de sustratos procedentes de otras comunidades autónomas y que exista una correspondencia directa entre la capacidad de generación de residuos y el dimensionamiento técnico de cada instalación.Blindaje ante gestiones ajenasEn el ámbito administrativo, el Consistorio reclama que el órgano ambiental autonómico mantenga las competencias técnicas de validación e instrucción, para evitar que los municipios tengan que asumir responsabilidades o cargas de gestión que, a juicio del Ayuntamiento, no les corresponden.Asimismo, propone suprimir o limitar de forma tasada el régimen de excepcionalidad previsto para las inversiones estratégicas.
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