El Gobierno ultima su decreto «antichiringuitos» de FP que enfada a los centros privados

El Gobierno de España ultima los detalles de un nuevo real decreto que frenará la proliferación de centros privados, norma que en el ámbito del sector se conoce popularmente como «el decreto antichiringuitos».

Este marco legislativo obligará a los centros de FP a cumplir con estándares estrictos en cuanto a instalaciones, cuerpo docente y un número mínimo de titulaciones y horas presenciales impartidas.

Después de consumar su asalto a las universidades privadas con otro decreto aprobado en octubre que impone varios requisitos que dificultan la apertura de nuevos campus, el Gobierno continúa su cruzada contra las empresas educativas.

Esta vez, el blanco del Ministerio de Educación ha sido la FP privada, una modalidad que matricula a casi el 35% de los alumnos de Formación Profesional, con 1.417 centros en España.

El sector, como ya ocurrió con la universidad, está preocupado y «no descarta recurrir si el texto sale adelante en los términos actuales».

La ministra del ramo, Milagros Tolón, se ha referido hoy directamente a esta nueva reforma en un acto dedicado a la FP con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Desde el Gobierno de España vamos a seguir impulsando esa transformación que iniciamos con la reforma de la Ley de Formación Profesional.

Y lo haremos garantizando algo muy importante: garantizando por ley la calidad de los centros y sobre todo con más inversión».

Paralelamente, en una intervención con un marcado tinte propagandístico, Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una partida de 234 millones de euros destinados a la FP, desglosados en 107 millones para la recualificación de trabajadores en centros públicos y 126 millones para reforzar la capacitación en sectores con déficit de mano de obra.

El Ejecutivo ha aprovechado para felicitarse por el crecimiento en las cifras de matriculación y empleo, reivindicando que la Formación Profesional ha pasado de ser percibida como una opción secundaria a convertirse en el plan A preferente para miles de jóvenes y trabajadores.