Un juzgado investiga al alcalde de Muras por presunta prevaricación administrativa

Un juzgado investiga si el alcalde de Muras, el nacionalista Manuel Requeijo, incurrió en un delito de prevaricación administrativa al ordenar desde el consistorio una serie de pagos a bufetes legales vinculados al BNG .

La titular de la plaza nº2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilalba ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PP de Muras a mediados del pasado mes de julio, en la que acusaba al regidor de vulnerar los límites del contrato menor, ignorar las advertencias del interventor municipal y abonar con dinero público 387.805 euros a distintos despachos de abogados en los últimos diez años.En la denuncia -a la que tuvo acceso acceso ABC- se señalaba directamente a los despachos Stellgus SL y Leseo Bufete Legal SCP, así como a la abogada Montserrat Calvo Ríos, administradora del primero y socia de la segundo.

En una de las sociedades «aparece también el Letrado D.

Óscar Insua Lema», exteniente de alcalde del BNG en Corcubión, ahora diputado nacionalista en el Parlamento de Galicia.

Calvo Ríos es, además, la pareja de Fernando de Abel Vilela, uno de los asesores legales de Adega y candidato del BNG a la Vicevaledoría do Pobo, designación que el PP lleva meses bloqueando , cuestionando la idoneidad de su perfil para este puesto.Estas dos sociedades «estarían integradas o relacionadas con profesionales coincidentes», lo que lleva al PP a pensar que se estén «utilizando personas jurídicas vinculadas entre sí para presentar como separados pagos que, materialmente, responderían a una misma o sustancialmente coincidente prestación de servicios jurídicos al Ayuntamiento».

Según la denuncia, estos bufetes habrían facturado al Concello una iguala durante años, es decir, una misma cantidad durante meses para una asistencia jurídica, se emplee o no, aunque también «existen a mayores facturas por otros importes que podrían no tener el mismo objeto pero que por su concepto podrían haberse incluido en la iguala».El PP denunció que muchas de estas facturas excedían los límites del contrato menor, tanto en su tope de los 18.000 euros como en la de 15.000 tras la reforma legal de 2018.

Y a pesar de que la normativa obliga a que servicios superiores a ese límite salgan a concurso, eso no sucedió. «No consta la existencia de ningún contrato» que amparara la prestación de los servicios, más allá del límite «del contrato menor», recogía la denuncia.