La factura que espera a Sánchez después del verano: qué ayudas desaparecerán si el Gobierno desmonta el escudo anticrisis
El verano ha alterado los planes económicos del Gobierno.
La estrategia diseñada para retirar progresivamente las medidas extraordinarias adoptadas para contener el impacto de la crisis energética se encuentra ahora condicionada por el repunte de los carburantes y la electricidad.
El encarecimiento del gasóleo ha obligado al Ejecutivo a modificar, al menos de forma temporal, el calendario previsto para desmontar algunas de las ayudas.
La principal corrección afecta al diésel.
Al haber registrado una subida superior al umbral establecido en el mecanismo de salvaguarda, la bonificación fiscal prevista para septiembre será mayor de la inicialmente contemplada: 20 céntimos por litro, en lugar de los cinco céntimos previstos.
El cambio llega después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmara que la inflación alcanzó en julio el 3,6% interanual, su nivel más elevado desde mayo de 2024.
La energía vuelve a situarse en el centro de las presiones sobre los precios, precisamente cuando buena parte del denominado escudo anticrisis comienza a retirarse.
El diésel obliga a cambiar el calendario El mecanismo diseñado por el Gobierno contempla una cláusula de salvaguarda vinculada a la evolución del precio del gasóleo.
Al superar este carburante el incremento del 15% establecido como referencia, se activa automáticamente el mecanismo previsto en el Plan de Respuesta.
El resultado será que durante septiembre la rebaja fiscal aplicada al diésel se mantendrá en 20 céntimos por litro, frente a los cinco céntimos que inicialmente correspondían a esa fase del calendario de retirada.
La situación es distinta para la gasolina.
Su incremento interanual se situó en el 7,3%, por debajo del límite que desencadena la salvaguarda.
Por ello, la bonificación seguirá el itinerario previsto y quedará reducida a cinco céntimos por litro.
La diferencia entre ambos carburantes ilustra la dificultad a la que se enfrenta el Ejecutivo: las medidas diseñadas para desaparecer de manera gradual están condicionadas por una evolución energética que no responde al calendario político ni presupuestario.
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