La guerra entre conservadores y progresistas del CGPJ se recrudece con el inicio del curso

El nuevo curso judicial arranca con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fracturado públicamente.

El cruce de acusaciones entre los vocales progresistas y conservadores en torno al discurso de apertura del año judicial ha dinamitado cualquier atisbo de cohesión institucional y augura un escenario de máxima tensión para uno de los principales desafíos del órgano: alcanzar las mayorías reforzadas necesarias para cubrir, entre otras, cuatro plazas vacantes en una sala clave del Supremo como es la segunda, la Sala Penal.

Esta Sala es la que investiga y juzga a los aforados y a la que irán a parar en el futuro recursos de casación contra sentencias dictadas por órganos inferiores, como, en su caso, la del hermano de Sánchez, una eventual condena de su mujer, que todavía no ha sido juzgada, o las causas relacionadas con Moncloa o el PSOE abiertas en la Audiencia Nacional.

El compromiso expresado por Perelló el jueves en su discurso en el Supremo de seguir trabajando por alcanzar «los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral » se da de bruces con la realidad, que es la desconfianza de nueve de los diez vocales del bloque progresista (el décimo es el juez Carlos Hugo Preciado, que va por libre).

Horas antes de la inauguración del año judicial, y en un comunicado que el bloque conservador ve alentado por el ministro de Justicia, este sector señaló que esperaba de Perelló «autocrítica» sobre la actuación del Consejo y que no cargara las tintas contra el Ministerio.La presidenta, de sensibilidad progresista -pero no la candidata por la que apostaba Bolaños-, centró su intervención en la defensa de la independencia judicial y en calificar como de «extrema gravedad» las descalificaciones del poder político a los jueces, utilizadas a menudo como «instrumento de presión».

Recordó también que las decisiones de los togados están al servicio del interés general , y «nunca al servicio de otros intereses», y denunció públicamente los problemas en la implantación de los tribunales de instancia o la insuficiencia de las 500 plazas de juez anunciadas por el ministro.

Deslealtad institucionalEl bloque conservador esperó a que el acto hubiera finalizado para acusar a sus compañeros de «deslealtad institucional» por trasladar a la opinión pública un debate que no se había planteado en los plenos del Consejo ni comunicado a la presidencia.

En los corrillos posteriores a la apertura del año judicial, fuentes de este grupo hablaban abiertamente de «boicot» y aseguraban con ironía que «sorprendentemente» los postulados de este grupo coinciden con los de Bolaños.