Los afectados por incautaciones del franquismo exigen a Sánchez que apruebe por decreto el retorno de sus bienes

La convocatoria anticipada de elecciones que ha fijado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el día 29 de noviembre paraliza todas las tramitaciones legislativas en curso y las deja a merced de las nuevas mayorías y del nuevo Ejecutivo. Una de las cuestiones que quedará en el tintero es la reparación a las familias a las que el franquismo incautó bienes y dinero durante la Guerra Civil y la posterior dictadura, una reivindicación histórica que la Ley de Memoria Democrática de 2022 se comprometió a abordar y que, cuatro años después , continúa sin resolverse.

Ante la posibilidad de que el adelanto electoral dé al traste con sus aspiraciones, los afectados han enviado dos cartas a Sánchez en apenas 24 horas para exigirle que actúe antes de que termine la legislatura y habilite un mecanismo extraordinario que permita compensar a las víctimas mediante la aprobación de un real decreto-ley que pueda convalidar la Diputación Permanente, como se ha hecho con las dos normas de vivienda. Su temor es que una hipotética llegada del PP y Vox a la Moncloa paralice todo el trabajo hecho hasta ahora.

La Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), que representa a cientos de familias afectadas, denuncia que el Ejecutivo ha dejado pasar los años sin materializar las reparaciones previstas en la ley. En el centro de la controversia está la auditoría de los bienes expoliados por la dictadura, que debía estar terminada en 2023 y que sigue sin concluir. La entidad sostiene, sin embargo, que buena parte de sus asociados ya tienen acreditada y reconocida oficialmente la incautación del papel moneda republicano que sus familiares tuvieron que entregar en 1939. Por ello, consideran injustificable que la investigación general siga bloqueando las compensaciones de aquellos casos en los que la administración ya dispone de toda la documentación.

" Estamos en tiempo de descuento, este Gobierno sabe que o nos dan una solución ahora, como hicieron con el Palacete del PNV, o conscientemente nos estarán lanzando al olvido", advierte la presidenta de la asociación, Laureana Cervera. La representante de las familias cuestiona que el Ejecutivo haya dejado transcurrir prácticamente toda la legislatura sin culminar el proceso. "Nos preguntamos qué sentido tenía hacer la Ley de Memoria si jamás tuvieron la intención de llegar hasta el final , nos preguntamos si era algo más que una impostura", lamenta.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, contempla en su artículo 31 la investigación de las incautaciones de bienes y sanciones económicas por motivos políticos , ideológicos o religiosos durante la Guerra Civil y la dictadura. También incluye expresamente el papel moneda entre los bienes que deben ser objeto de una auditoría.