El jefe de Información de los Mossos enmienda al Govern y niega vulneración de derechos en la asistencia de dos agentes a una asamblea de docentes

Casi la mitad de las movilizaciones que se han producido en Cataluña en lo que va de año no se comunicaron a las autoridades.

Es decir, la unidad de mediación de los Mossos d'Esquadra no contaba con un portavoz de los convocantes con el que comunicarse, ni por prevención, para diseñar así el dispositivo de seguridad, ni tampoco con el que interlocutar en caso de producirse algún incidente de orden público.

Así lo ha detallado este martes el intendente Carles Hernández, jefe de Información de la Policía catalana, para detallar que, en dichos casos, es su comisaría la encargada de obtener datos sobre esas movilizaciones para, precisamente, planificar el despliegue policial tras una evaluación de riesgos y anticipar así el posible grado de conflictividad de las mismas.

En esta obtención de información ha enmarcado el intendente la presencia de dos agentes de paisano en una asamblea de docentes el pasado mayo, cuando el colectivo se encontraba en plena negociación con el Govern -huelga mediante- para reclamar mejoras laborales.

Una presencia por la que la consejera de Interior, Núria Parlon, acabó pidiendo perdón en el Parlament, para anunciar la apertura de una información reservada.

Esta tarde, Hernández, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la misma Cámara, ha rechazado disculparse, tras recalcar, como ya hizo en su día el director del Cuerpo, Josep Lluís Trapero, que la presencia de ambas mossas en la reunión se limitó a obtener información sobre las movilizaciones, en ningún caso sobre el derecho sindical de los profesores. «La única finalidad era tener datos para diseñar el dispositivo policial más adecuado», ha apuntado, para precisar: «No aprecio que la presencia de las dos policías en un acto convocado por redes, público, y sobre el que no existía restricción de acceso, comportase una vulneración de derechos».

De hecho, según ha detallado, la información reservada se ha acabado archivando, porque «no hubo vulneración del ordenamiento jurídico», es decir, que no hay responsabilidad disciplinaria por parte de las agentes.

Hernández ha comenzado su intervención explicando la diferencia entre las figuras del agente encubierto y del infiltrado, que operan como policía judicial -con el preceptivo aval de un togado o de la Fiscalía-, y la obtención de información en funciones de policía gubernativa, para mantener el orden público y la seguridad ciudadana, garantizando así los derechos fundamentales.

Lo mismo hizo Trapero en su comparecencia en el Parlament por el mismo motivo, el pasado 13 de mayo, pero tanto Junts, ERC, Comuns y la CUP han vuelto a criticar la actuación policial, al entender que sí supuso una vulneración de derechos fundamentales.

Llegando, algunas formaciones, a reclamar ahora la dimisión del intendente.