Radiografía del plan de 11 puntos del PP para Ceuta: miedo, medias verdades e ilegalidades

El Partido Popular ha llevado al Congreso su receta para afrontar la crisis de Ceuta y lo ha hecho por partida doble.

El Grupo Parlamentario Popular registró este lunes, 17 de agosto, dos proposiciones no de ley prácticamente idénticas, una destinada a la Comisión de Interior y otra a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

Más allá del órgano al que se dirigen y del número de registro, el contenido es el mismo: una extensa exposición de motivos y 11 medidas con las que los populares reclaman al Gobierno más policías y guardias civiles, presencia de las Fuerzas Armadas, devoluciones a Marruecos, cambios en la Ley de Extranjería y el despliegue de Frontex.

La elección de las dos comisiones tampoco resulta políticamente neutra.

Desde las primeras páginas, el PP intenta desplazar el debate desde la gestión de una emergencia migratoria y humanitaria hacia el terreno de la soberanía, la integridad territorial y la Seguridad Nacional.

La iniciativa afirma que los acontecimientos del 30 y 31 de julio fueron una "violación" y un "ataque a la integridad territorial de España" y sostiene que los ceutíes tienen derecho a "vivir sin miedo".

La dimensión de la crisis, en cualquier caso, es indiscutible.

Más de 70.000 personas cruzaron irregularmente la frontera a finales de julio, una cifra que distintas informaciones sitúan incluso cerca de las 80.000.

Reuters ha confirmado además 94 fallecimientos y personas todavía desaparecidas, mientras que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, llegó a situar el balance en torno al centenar.

Tampoco puede minimizarse la situación que sigue viviendo la ciudad.

Miles de personas permanecen todavía en Ceuta, aunque las estimaciones han variado considerablemente durante las últimas semanas.

El propio PP habla en su proposición de unas 10.000, atribuyendo el dato a Vivas.

Informaciones publicadas en los últimos días sitúan el número actual en torno a 5.000, mientras otras estimaciones han llegado a hablar de unos 8.000.

La presión sobre los servicios públicos y la existencia de personas durmiendo en condiciones precarias continúan siendo una realidad.