El Gobierno de Moreno presume de 'mecanismos ante desahucios' siendo la segunda comunidad con más desalojos en 2025

La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha manifestado sobre el desahucio en Madrid de una anciana de 87 años que el Gobierno de España tuvo "la oportunidad" de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es de 1994, y no lo hizo, y ha defendido los mecanismos puestos en marcha en Andalucía para dar respuesta y asesoramiento en este tipo de casos.

Díaz, que ha inaugurado este jueves en Granada un congreso sobre innovación, territorio, vivienda y energía, ha señalado que un tema social como el de Maricarmen, la anciana desahuciada ayer miércoles, "nos conmueve absolutamente a todos", pero ha recordado que se está cumpliendo la legislación y acatando una sentencia judicial.

En Andalucía "se han puesto en marcha mecanismos" dentro de la nueva Ley de Vivienda andaluza "para dar respuesta y asesoramiento a todos los casos de desahucios" que ocurran en esta comunidad, ha agregado este jueves.

Preguntada sobre el rechazo de la Junta a limitar los topes del alquiler, lo que ha propiciado el desahucio ocurrido en Madrid, la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha manifestado que no va a hacer valoraciones de lo que ocurre en otras comunidades.

Contraste con las cifras Entre el discurso mantenido por la consejera de Moreno y la realidad de los andaluces y andaluzas hay una importante brecha, sostenida por los datos elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según este organismo, y pese a los "mecanismos" de la consejería, la comunidad andaluza cerró el año 2025 al frente del ranking nacional de ejecuciones hipotecarias y afianzada como la segunda autonomía donde más desahucios se practicaron.

Según los datos oficiales del órgano judicial, Andalucía lideró en 2025 la iniciación de procedimientos de ejecución hipotecaria sobre viviendas en todo el Estado, sumando un total de 3.598 expedientes.

Esta cifra supone un preocupante repunte interanual del 33,5% respecto al ejercicio anterior, superando holgadamente a otras comunidades con tensiones en el mercado inmobiliario como Cataluña (2.937) o la Comunidad Valenciana.

El encarecimiento continuado de la vida y el "arrastre de los tipos de interés elevados" han terminado por agotar el margen de resistencia de miles de hogares andaluces, desencadenando embargos tras el impagado continuado de las cuotas hipotecarias.

El balance de los juzgados muestra un escenario igualmente crítico en lo relativo a los desahucios.

Durante el pasado año, Andalucía registró 3.782 desalojos, situándose únicamente por detrás de Cataluña (6.814) y por delante de la Comunidad Valenciana (2.992) y la Comunidad de Madrid (2.267).

Es decir, fue la segunda comunidad donde más se practicaron.

Además, la principal vía del drama habitacional andaluz continúa focalizada en el alquiler.