Duro Felguera aprieta el acelerador tras salvarse de la quiebra y cita a la Junta para aprobar un proyecto en México

La nueva Duro Felguera aprieta el acelerador para dejar atrás los fantasmas del pasado.

Tras un final de 2025 de infarto, en el que la compañía de ingeniería asturiana estuvo a punto de quebrar, y una vez recibido el beneplácito de la Justicia al plan de reestructuración el pasado 16 de junio, hoy el consejo de administración ha convocado una junta de accionistas para el 18 de septiembre en la que prevé aprobar el proyecto para el desarrollo de una central de ciclo combinado en Tula (México).

Junto al Proyecto Escolín, la construcción de una planta de fertilizantes (también en México), se trata de una de las dos iniciativas de negocio clave que la empresa incluyó en la hoja de ruta que presentó el pasado mes de junio, apenas unas horas después de que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón desestimara las demandas interpuestas por los acreedores contra la homologación legal de la reestructuración, despejando así el futuro de la compañía.

Según se lee en la nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el único punto del día de la cita a los accionistas será la aprobación del proyecto de Tula.

Para este contrato, como en el de Escollín, Duro Felguera tendrá como socio principal a Mota-Engil México, que en octubre de 2025 abandonó el accionariado de la firma asturiana tras una reducción de capital que convirtió a la empresa de infraestructuras Prodi -también, de capital mexicano- en accionista mayoritario con más de un 80% de los títulos .

La relación de Prodi y Mota con Duro Felguera se remonta a 2023, cuando ambas adquirieron un 23% de los títulos del grupo asturiano a cambio de 50 y 40 millones de euros respectivamente, que debían servir para que la firma levantara el vuelo.

No fue el caso, como tampoco había sido suficiente el préstamo de 120 millones de euros otorgado por la SEPI (dependiente del Ministerio de Hacienda) en 2021 para hacer frente a los estragos de la pandemia, y que le granjeó a la empresa pública el derecho a tener dos sillas en el consejo.

El fracaso de este rescate a varios niveles -público y privado- iniciado hace un lustro se evidenció al cierre del primer semestre de 2024, cuando el grupo presentó pérdidas de 26,3 millones de euros , unos resultados pésimos que vinieron acompañados de la salida -unos días antes- del CEO, Jaime Argüelles.

A esto se sumó, en noviembre de ese año, una solicitud de indemnización de 413 millones por parte de la argelina Sonelgaz por la suspensión de un contrato en Argelia, una demanda que se sumaba a las que la compañía ya tenía abiertas en España, Venezuela y Dubái.