Entra en vigor el decreto que permite a entidades privadas colaborar en trámites de la Junta

El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las Entidades Colaboradoras con la Administración de Castilla-La Mancha ha entrado en vigor este jueves, 20 de agosto, después de que fuera aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de julio.A partir de ahora, las entidades interesadas podrán solicitar su acreditación para colaborar con la Administración regional en la gestión de determinados procedimientos, especialmente aquellos que presentan una mayor complejidad técnica o una elevada carga de tramitación.El objetivo de este nuevo sistema es agilizar los procedimientos, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración.

La norma contempla además un periodo de adaptación para que su implantación se produzca de manera progresiva.Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional estarán habilitadas para desarrollar funciones técnicas de comprobación documental , verificación, certificación, evaluación del cumplimiento normativo y apoyo especializado en la tramitación de expedientes.Amplio ámbito de actuaciónSu ámbito de actuación será amplio.

Podrán intervenir en procedimientos relacionados con urbanismo, gestión forestal, servicios sociales, patrimonio cultural, actividad cinegética, economía circular y evaluación ambiental.La Junta subraya, no obstante, que este modelo no supone la privatización de las funciones públicas .

Las entidades colaboradoras se limitarán a prestar asistencia de carácter técnico, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control continuarán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública.La autorización de estas entidades tendrá además carácter voluntario .

El Gobierno regional plantea la figura como una herramienta para mejorar la capacidad de respuesta de la Administración ante expedientes que requieren conocimientos especializados o soportan una elevada carga de gestión.Uno de los principales objetivos del nuevo modelo es facilitar también la tramitación administrativa de los ayuntamientos , especialmente de los pequeños municipios de las zonas rurales.La Junta señala que muchos de estos consistorios carecen de personal técnico suficiente para gestionar proyectos urbanísticos y otros expedientes complejos, una carencia que puede provocar retrasos de meses e incluso años.