Sumar intenta colar la instrucción de la ley de nietos en la educación

«Vamos a registrar una enmienda en la primera ley orgánica que cierra plazo de enmiendas, que es la de educación, para elevar a rango normativo la presunción de exiliados a todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Así, a pecho descubierto y en rueda de prensa, anunciaba el portavoz de Izquierda Unida (IU), partido integrado en la coalición Sumar, Enrique Santiago, este miércoles la intención del socio minoritario del Gobierno de colar la polémica instrucción de la 'ley de nietos' en el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo (la conocida como ley de ratios).Se trata de un paso más de los de Yolanda Díaz en su estrategia de poner el grito en el cielo respecto a la decisión del Tribunal Supremo de suspender de manera cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las más de 400.000 personas que obtuvieron de forma masiva la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, la llamada 'ley de nietos'.

Esto es, la retirada del derecho a voto salvo que acrediten su condición de descendientes de españoles que sufrieron exilio por la guerra civil y la dictadura franquista.

Una medida adoptada por el Alto Tribunal después de que Iustitia Europa y Vox alertaran de que las próximas elecciones pueden quedar viciada de forma «irreversible» si no se paralizan de inmediato las altas automáticas, y que deja, al menos temporalmente, sin efecto a la polémica y posterior (apenas seis días después de la entrada en vigor de la norma) instrucción administrativa de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia que estableció criterios para acreditar esa condición de exiliado para, precisamente, que la ampliación del censo pudiera tener impacto electoral.

Todo ello con Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, como firmante.Justicia estableció entonces una presunción automática de la condición de exiliado para los hijos y nietos de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, extendiendo la aplicación del supuesto exilio hasta el 28 de diciembre de 1978, aunque estos si debieran acreditar dicha condición.

He aquí el qid de la cuestión.

Los recurrentes ante el Supremo, Iustitia Europa y Vox, cuestionan precisamente que una instrucción administrativa pudiera otorgar ese alcance a la ley de Memoria.