Vox acude al Supremo y a la JEC para forzar a que se cumpla la orden de suspensión del censo de la 'ley de nietos'

El partido político Vox ha intensificado su ofensiva legal para garantizar que se aplique la suspensión de los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.

En dos escritos paralelos presentados este viernes, la formación de Abascal insta tanto a la Junta Electoral Central (JEC) como al Tribunal Supremo a que exijan a la Administración General del Estado el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares dictadas por la Justicia y que consiste en sacar del censo a 163.000 personas hasta que se compruebe la vía por la que adquirieron la nacionalidad que les da derecho al voto: la de la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática (ley de nietos) o de la polémica instrucción de Sofía Puente que sobrepasó con creces esa ley.

En el escrito dirigido a la JEC, el partido solicita al organismo arbitral que, en ejercicio de sus funciones de supervisión, obligue a la Oficina del Censo Electoral (OCE), al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a los ministerios competentes a detallar los recursos con los que cuentan para acatar las resoluciones del Supremo.

Vox exige que la Administración sustituya sus afirmaciones sobre la «falta de medios» por datos verificables.

Para ello, reclama un inventario exhaustivo de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y presupuestarios empleados o necesarios para ejecutar el desglose de los expedientes de inscripción censal ordenado.

Además, la formación requiere que se elabore un plan operativo acompasado al calendario electoral, especificando fases, plazos concretos y los cargos responsables de cada actuación de forma nominativa.

Falsedad y desobedienciaEl partido subraya la urgencia de estas medidas y recuerda que el envío de la documentación electoral al CERA comienza el 24 de octubre, por lo que exige a la JEC que fije un plazo máximo de tres días naturales para recibir contestación.

Finalmente, Vox pide que se emita un apercibimiento expreso sobre las responsabilidades disciplinarias y penales (incluyendo delitos electorales, falsedad y desobediencia) en las que podrían incurrir los funcionarios y autoridades en caso de incumplimiento.

En paralelo, Vox ha presentado un segundo escrito ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que promueve un «incidente de ejecución» de los autos del 10 de septiembre y del 12 de octubre, acusando a la Administración de mostrar «desidia y voluntad rebelde al cumplimiento» de las medidas cautelares.